OJO con Guatemala

En Guatemala, hace varios años, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el objetivo de desmantelar las mafias que tienen cooptado al Estado e impiden que funcione la democracia. En 2014, Iván Velásquez llegó como comisionado y, junto al Ministerio Público (MP), priorizó la persecución de dos delitos: el contrabando aduanero y el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Así se logró evidenciar y desestructurar el cartel del Partido Patriota. La CICIG inició investigaciones del gobierno actual del presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito y el presidente respondió con un intento de expulsar a Iván Velásquez del país al declararlo NON GRATO.

Ante esto, generó en Guatemala un movimiento para evitar que esto suceda, y al mismo tiempo, la CICIG solicitó quitarle la inmunidad a Jimmy Morales para presentar un antejuicio contra el presidente e iniciar investigaciones por financiamiento electoral ilícito al partido Oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Frente a esto, el partido FCN y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se unen en el congreso para proteger a Jimmy Morales y su inmunidad. Posteriormente, estos dos partidos se aliaron para cambiar la ley e impedir que puedan perseguirlos por financiamiento electoral ilícito. Además, proponen reformas a otras leyes para que otros delitos no tengan prisión obligatoria y los corruptos no vayan a la cárcel. Entre estos se encuentran la producción, comercialización o difusión de pornografía, utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años.

Días después se descubre que Jimmy Morales, además de su salario de Q150,000.00, recibe un sobresueldo de Q50,000.00 por parte del ejército para pagar la defensa de su hijo por un caso de corrupción con impuestos de las y los guatemaltecos. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas (CGC) afirmó que ese bono era ilegal y por esa razón, Jimmy Morales también podría ir a la cárcel.

De acuerdo con varios analistas, Guatemala se enfrenta a la peor crisis política de la historia, lo cual ha provocado manifestaciones de diversos movimientos de la sociedad civil guatemalteca, quienes exigen la renuncia de Jimmy Morales y de los diputados que votaron a favor de la corrupción y la impunidad en Guatemala.

En el marco de esta crisis, la corrupción y la impunidad impiden que se garanticen los derechos fundamentales de las personas jóvenes, como el derecho a la participación política. Además, esta situación aumenta la posibilidad de que otras iniciativas que atentan contra los derechos sexuales de las juventudes, de las mujeres y de la población LGBTIQ sean aprobadas, como la iniciativa 5272 “Ley de protección a la vida y a la familia” y la iniciativa 5205 “Ley de Educación Sexual Integral” que fueron propuestas por organizaciones religiosas, fundamentalistas y anti derechos con planteamientos totalmente en contra de la garantía de los derechos humanos.

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