Activistas y miembros de la sociedad civil reunidos en la Reunión Extraordinaria de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe, en la ciudad de Santiago (Chile), repudian el retroceso en relación a los derechos sexuales y reproductivos que está en curso en Brasil.
Al final de la tarde de este miércoles, 8 de noviembre, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó, por 18 votos a 1 (18 hombres contra 1 mujer), la PEC 181/2015 (Propuesta de Enmienda Constitucional) que reconoce la vida desde la concepción, poniendo en riesgo el derecho instituido al aborto legal y seguro mediante tres causales – estupro, riesgo para la vida de las mujeres y anencefalia. El próximo paso será volver a la Cámara y luego al Senado. Originalmente, ésta era una enmienda para conceder un plazo más largo a la licencia laboral por maternidad en caso de parto prematuro, pero fue alterada con oportunismo para volverse en una plataforma para el retroceso, criminalizando el aborto de manera absoluta en Brasil.
Esa propuesta legislativa está en desacuerdo con el Consenso de Montevideo adoptado en la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 2013 en que se reafirman los derechos reproductivos y sexuales y la revisión de las leyes punitivas que restringen la interrupción voluntaria del embarazo indeseado e impactan negativamente los derechos y la salud de las mujeres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su último informe “Mundos Distantes”, evidencia la precariedad de la vida reproductiva de las mujeres brasileñas, en especial aquellas más pobres. Ellas son mayoría entre los 4,2 millones de brasileñas entre las cuales, mismo con décadas de inversiones, la demanda por contraceptivos en edad reproductiva no es atendida. Las jóvenes son duramente afectadas: 20% de las madres tienen menos de 20 años de edad. La Pesquisa Nacional del Aborto (PNA), de la organización Anis – Instituto de Bioética, lanzada al fin de 2016, demuestra que sólo en 2015, más de medio millón de mujeres realizaron un aborto y esas son inclusive mujeres religiosas, cuyas creencias rechazan el procedimiento. En Brasil, cada 11 minutos, una mujer es víctima de estupro, según el Estudio lanzado por el Banco Mundial en 2016, que aún más reconoce la notificación de los casos. Eso equivale a 130 mujeres por día, casi 50 mil mujeres por año. Además, las mujeres brasileñas siempre son presentadas con nuevas cuestiones que amenazan su derecho más básico –a la vida– con procedimientos ilegales e inseguros; y también, como en el caso de la epidemia del virus Zika, en que las mujeres fueran prohibidas de realizar el procedimiento, dejándolas sin apoyo durante una gestación arriesgada y frente a una vida llena de desafíos. ¿Qué hará Brasil con todas esas mujeres si termina con la posibilidad de la interrupción voluntaria?
Las mujeres deben tener la prerrogativa de decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida y la vida de sus hijos con todo el apoyo del país. A ellas las leyes deben presentar soluciones seguras y no castigo en virtud de cuestiones que el Estado juzga malo o los problemas que no es capaz de resolver. No podemos y no vamos a aceptarlo. Los derechos conquistados no pueden ser retrocedidos. Son las vidas de las mujeres en peligro.
En nombre de la activista feminista Fátima Oliveira, recientemente fallecida, luchadora por los derechos reproductivos de las mujeres y de la salud de la población negra, y en nombre de cada mujer y de todas ellas, decimos al Gobierno brasileño, a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Suprema Corte de Brasil: ¡no renunciaremos a esa batalla!
¡Ni una menos!
CIUDAD FEMINISTA
Foto: Diario de Pernambuco
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