Cuando nos sentamos a analizar el problema de la vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes, surge de inmediato la pregunta por el derecho a migrar. Y, dentro del marco de los fenómenos migratorios cada vez más grandes, cabe preguntarnos si existe un derecho fundamental a salir del país de origen para entrar a otro…
Partamos de un hecho incuestionable: las fronteras tal cual las conocemos actualmente tienen un componente discriminatorio. Sirven para determinar quién entra en una comunidad política y quién no. Separan, segregan y discriminan. Y detrás de ellas está la consideración que le damos a las personas migrantes… las que tienen una situación migratoria regular o irregular; de primera o de segunda. Como si las fronteras tuvieran como fin último la tarea de mantener condenadas al subdesarrollo y a la violencia a millones de personas.
La noción de frontera, que parece estar instalada como un presupuesto inamovible, trae consigo la creencia de que las personas que entran de forma irregular a un país que no es el suyo, dejan de ser sujetas de derecho y se convierten en víctimas de una serie de violaciones sistematizadas a sus derechos humanos. Y la respuesta de los Estados ha sido un fortalecimiento de sus controles fronterizos y un recrudecimiento de sus leyes migratorias con base en claras manifestaciones de xenofobia y racismo.
Empecemos por cuestionarnos esto para poder ver más claro que las personas tienen derecho a migrar y que es muy importante que empecemos a ver a las personas migrantes como sujetas de derecho, incluso a quienes tienen un estatus migratorio irregular. Tenemos que generar mecanismos que garanticen los derechos humanos independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren las personas. Tan fácil como saber que las personas que migran de forma irregular no pierden sus derechos: no pueden ser asesinadas, violadas, discriminadas ni rechazadas, aunque, en los hechos, parezca que sí.
Pero también tenemos que empezar a ver el problema de la migración con una perspectiva de género. Las mujeres migrantes no enfrentan los mismos peligros que los hombres hacia su lugar destino; así como tampoco comparten las mismas razones para salir de su país de origen. Incluso, los derechos que le son negados durante su paso por los países de tránsito también son distintos y, por lo general, son más. Porque aunque los hombres también son discriminados en el acceso y disfrute de muchos derechos, ellos cuentan con mayores oportunidades que las mujeres.
En el mundo, las mujeres constituyen casi la mitad de personas migrantes. En la región de América Latina y el Caribe representan más de la mitad. Y sus razones para migrar son distintas a las de los hombres. Según el Informe Especial sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis, los hombres migran como resultado de la situación económica, para buscar trabajo; pero más de la mitad de las mujeres lo hacen huyendo de la violencia.
Si este dato no impacta todavía, tendríamos que detenernos a pensar por qué las mujeres de la región están migrando como resultado de violencia machista que termina expresándose en violencia estructural, política y doméstica. Estos tres factores que condicionan la migración de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe podemos traducirlos en:
- Feminización de la pobreza: resultado de la falta de oportunidades a nivel educativo, las mujeres se van a trabajar como empleadas domésticas, trabajadoras agrícolas o como profesionales.
- Situaciones de conflictos armados: La inseguridad, persecución, tortura y violencia sexual en zonas de conflicto armado. Y, claro, como resultado de la generalización de la violencia sexual como arma de guerra.
- Violencia doméstica: que muchas veces está determinada por el hecho de que para romper el ciclo de violencia muchas veces las mujeres deben ir más allá de terminar una relación con su agresor.
La violencia machista es la principal razón por la que las mujeres deciden migrar. Si no empezamos a analizar la situación desde ahí, seguiremos perpetuando las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, en general, y de las mujeres migrantes, en particular.
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Foto: tigrealdia.com.ar
Somos historia y futuro. Desde la Declaración de San Bernardo en 1990, cuando se estableció este día de lucha feminista, el compromiso es creciente e incesante. Cada 28 de septiembre el movimiento de mujeres y feminista de toda la región confluyen en acciones coordinadas con nuestras heterogéneas identidades y culturas, con las diversidades enmarcadas en la pluralidad en nuestra lucha antipatriarcal y anticolonialista.
Estamos hermanadas y vamos a transformarlo todo. La Campaña 28 de Septiembre se propone exigir las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y los cambios jurídicos que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Este reclamo se vuelve más poderoso, un grito recorre el mundo denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el aborto seguro, permiten la tortura física y emocional debido al abuso y maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva, la privación servicios adecuados, la preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos, que se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria, basada en el género, estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio, que causa daños y sufrimiento a mujeres y personas con capacidad de gestar. En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual, existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y el Distrito Federal de México. En Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, contamos con la legalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está plenamente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
En este último país a Rosaura, teniendo leucemia le negaron el tratamiento contra esa enfermedad que podía haberle salvado la vida para no provocarle un aborto. Igual privación recibió Ana María en Argentina quién dejó a tres hijos huérfanos tras morir por un cáncer de mandíbula, que médicos de un hospital público dejaron avanzar por causas” religiosas y morales”.
Mainumby en Paraguay fue violada y quedo embarazada con apenas 10 años. Le impidieron abortar a pesar de que su vida y salud física y mental estaban en peligro.
En el Salvador país en el que 147 mujeres fueron procesadas por casos relacionados a abortos como Teodora quien sufrió una emergencia obstétrica y fue acusada de habérsela causado y condenada a 30 años de cárcel sin pruebas. Esta violencia institucional se replica en casos como el de Tania en Chile y Esperanza en Perú, quienes fueron esterilizadas contra su voluntad estando embarazadas y teniendo secuelas graves en su salud física.
La lucha por la despenalización y legalización del aborto vela y construye dignidad, emancipación y el reconocimiento ineludible de cada una de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestra maternidad y proyectos venideros. Son los Estados los que deben generar las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos.
Nuestra demanda por aborto legal es un posicionamiento político transformador. Somos la palabra vital que construye e inunda cada uno de nuestros territorios, que irrumpe, que sueña, que abraza, que palpita un porvenir con alegría, activismo y militancia activa. Argentina asumió la responsabilidad de ser la coordinación regional de la Campaña tras una gran movilización por “Un grito global” en 2017, cuando los pañuelos verdes se instalaron en cada casa, escuela, en cada plaza, en cada organización, en los partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, instituciones profesionales, universidades, en cada manifestación por los derechos humanos.
Nuestra lucha marca una bisagra en la historia regional, alimentado por la progresiva disrupción latinoamericana y caribeña que asume una identidad propia, en la que ganamos organización, en la que nos hacemos ver y nos hacemos oír, en la que irrumpen más feminismos en las calles y en los medios de comunicación, en las redes, en espacios de debate público. Ganamos la movilización internacional que sostenemos inquebrantablemente.
El dominio y la sujeción no son compatibles con el futuro esperanzado de cada latinoamericana, ni con las democracias de nuestros pueblos. Hoy los fanatismos religiosos se sienten empoderados.
Éstos se instalan como una fuerza reactiva a nuestra valentía, pero no tienen futuro. El pasado no tiene lugar en esta gran marea verde que se despliega en todo el continente y en el mundo entero, el futuro son nuestras jóvenes, son las hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar. La juventud ha tomado la causa por el aborto legal, seguro y gratuito y no tiene vuelta atrás. Venceremos.
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe
]]>Es el caso de Guatemala, país en el que el Congreso está discutiendo el proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa de ley 5272). De ser aprobada, se endurecerán las penas que criminalizan a las mujeres que abortan y quedará prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la iniciativa de ley 5272 hace valer normas que privilegian “el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos e hijas”, por lo que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, no podrán impartir programas y planes de estudio que incluyan educación integral para la sexualidad.
La propuesta fue presentada en abril del año pasado por un grupo parlamentario cuyos miembros se identifican a sí mismos como “Provida”. Por desgracia, ésta no es una situación atípica: en la última década se ha ido fortaleciendo una posición ultraconservadora al interior de los Parlamentos de la región, la cual viene impulsando con cierto grado de efectividad una agenda anti derechos en los Congresos de los Estados.
Lamentablemente este no es un caso aislado en la región, como muestra compartimos un para de casos en América Latina para entender por qué estas políticas impiden el avance en el reconocimiento de derechos sexuales para las mujeres.
Paraguay
En octubre de 2017, el exministro paraguayo de Educación y Ciencia Enrique Riera aprobó la conocida Resolución Riera, la cual considera como “promoción de la ideología de género” el uso en las escuelas de contenidos y materiales didácticos sobre salud sexual y reproductiva.
Esta resolución fue promovida por grupos conservadores y religiosos después de que tomaran las calles de Paraguay con un discurso en contra de la igualdad de género y la no discriminación. Sin embargo, a un año de emitirse la resolución, activistas, estudiantes y organizaciones sociales continúan exigiendo al Estado su derogación, así como la implementación de una política pública nacional en Educación Integral para la Sexualidad.
Honduras
La venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) está prohibida desde 2009 en Honduras, lo que ha contribuido a que que dicho país sea el segundo en América Latina con mayor nivel de fecundidad en adolescentes.
En 2014, el diputado José Antonio Leva propuso una iniciativa para derogar el decreto que impide la venta e introducción de la PAE al interior del país, pero fue mandada a la congeladora. Hasta el día de hoy el medicamento solo puede conseguirse por vías clandestinas.
Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que es responsabilidad del Estado hondureño procurar que las mujeres y niñas tomen decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo.
Ecuador
Actualmente, Ecuador se enfrenta ante una vulneración de derechos creada por el decreto 491, frente a lo cual se desarrolla toda una desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos, y la falta de respuestas efectivas, así como de un plan concreto de transición y operativización o institucionalización de la protección de derechos en el país.
La emergencia social en la que está inmersa el Ecuador al no contar con un mecanismo de protección de derechos, constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales, a pesar de los múltiples intentos realizados por parte de la sociedad civil, para participar en la generación y diseño de propuestas para lograr a un mecanismo efectivo de protección de derechos humanos.
Es importante que se conozca que el decreto 491, pone en potencial riesgo el derecho a la vida y la integridad de mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia de género, adolescentes en conflicto con la ley, pueblos indígenas en aislamiento, víctimas de delitos de lesa humanidad, personas desaparecidas, población LGTBI, personas privadas de la libertad, entre otros.
Como jóvenes defensoras de derechos humanos, debemos estar vigilantes y críticos ante este tipo de posturas, así como continuar incidiendo en los espacios de toma de decisión, con el objetivo de contribuir a garantizar mejores condiciones para el el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las #JuventudesLAC.
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]]>Según su preámbulo, la ley pretende introducir normas y reformas para “proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consciencia y expresión y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad”.
Sin embargo, de aprobarse estaríamos frente a un grave retroceso en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y de las personas LGBTIQ en Guatemala.
En concreto, la iniciativa extiende el tipo penal de aborto incluso frente a situaciones de pérdida espontánea y muerte natural del embrión durante cualquier etapa del embarazo, que podrían derivarse inclusive de situaciones involuntarias de emergencia obstétrica. Esta situación implicaría que Guatemala aprobaría una normativa regresiva y similar a la de países como El Salvador, en donde el aborto está completamente prohibido y ha derivado en la criminalización de mujeres víctimas.
Dicho esto, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité CEDAW ya se han pronunciado sobre el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.
A su vez, la iniciativa de ley N° 5272 introduce normas que prohíben a instituciones educativas privadas y públicas implementar políticas y programas sobre educación integral en sexualidad, en reivindicación del derecho de los padres de decidir la educación que reciben sus hijos e hijas. Estas normas perpetuarían las prácticas de discriminación y violencia contra las niñas y adolescentes en un país donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que, de los 52.288 nacimientos registrados de enero a setiembre de 2017, 24.258 correspondieron a madres menores de 18 años.
Al respecto, la CIDH instó al Estado en 2017 a “implementar políticas públicas de educación y atención integral a niños, niñas y adolescentes, incluidas de educación sexual y reproductiva apropiadas para los diferentes grupos etarios”.
La iniciativa pretende además reformar el Código Civil introduciendo la prohibición expresa del matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo y limitar la adopción únicamente a familias constituidas por un hombre y una mujer. Asimismo, pretende que se garantice que “las personas no están obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, incrementando el riesgo a los actos de violencia, discriminación y crímenes de odio.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que lo anterior violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto “[u]n derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.
En este sentido, las normas introducidas en el texto son abiertamente discriminatorias, atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ y constituyen incitación a la discriminación y la violencia.
En su conjunto, la iniciativa 5272 se contrapone de manera flagrante las obligaciones contraídas por el Estado guatemalteco de manera soberana y su aprobación acarrearía responsabilidad internacional. Las organizaciones firmantes instamos al Estado de Guatemala a abstenerse de aprobar esta normativa y adoptar medidas de manera inmediata para desmontar las prácticas y normas que continúan perpetuando la discriminación histórica de las mujeres, adolescentes, niñas y población LGBTIQ.
Organizaciones firmantes
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto – El Salvador
Alianza Política Sector de Mujeres
Artesanas
Asociación Alas de Mariposas
Asociación de Mujeres de Peten Ixquik
Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF)
Asociación de Trabajadoras del Hogar y A domicilio y de Maquila (ATRAHDOM)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras (AGIMS)
Asociación LAMBDA
Asociación Nuevos Horizontes (ANH)
Asociación Somos Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS)
Casa de la Mujer de Solola
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local – El Salvador
Colectivo Amigos contra el SIDA (CAS)
Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Guatemala
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Nicaragua
Convergencia por los Derechos Humanos, conformada por: CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG
EducaGuatemala
EducArte
El Refugio de la Niñez
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Federación Guatemalteca LGBTI, conformada por: Asociación de Mueres Trans en Acción. “AMTA”, Asociación Gente Feliz Diversa, Organización Multicultural de la Diversidad Sexual (OMDIS), Diversidad Quiche, Asociación LGBTI Escuintla, Izabal Diverso, Colectivo de Sordos LGBTI COSOR, Asociación LGBTI Zacapa, Antigua Diversa, Asociación Somos Jóvenes diversos en Acción (SOMOS), Asociación Casa de Colores, Colectivo Petén de Colores, SOMOS Alta Verapaz, SOMOS LES, el Progreso Diverso, Jalapa Diversa en Acción, Colectivo tejidos de colores, Grupo de apoyo Xela GAX, Kajib Kawoq, Siempre positivos GT, Agentes del Cambio Diverso
Federación LGBTI – El Salvador, conformada por: Ales Lavinia, Amate, Estudiantes, ASPIDH Arcoiris Trans, Colectivo Alejandría, Colectivo LGBTI Estrellas del Golfo, Colectivo Normal, COMCAVIS Trans, Diké LGBTI+, Asociación Entreamigos, ESMULES, Generación HT, Fundación de la manos contigo
Fundación Marco Antonio –FUNDAMACO
GOJoven – Honduras
Grupo de Apoyo Xela (GAX)
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
Grupo Multidisciplinario para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos
Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico (GDAL) – Guatemala
Grupo Sociedad Civil – Honduras
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HIVOS
ICW Capítulo Guatemala
INCIDEJOVEN
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigación para la Incidencia en Educación y Formación
IPAS Centroamérica
La Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC)
Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad
Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN)
Paradigma
Paz Joven
Plan Internacional Guatemala
Plataforma 51
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red de la No Violencia Contra las Mujeres (Red Novi)
Red de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH)
Red de personas Trans en Guatemala, (REDTRANS-GT)
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción (REDMPA)
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS)
Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS)
Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH (REDNADS)
Red Sur Occidente
Robert F. Kennedy Human Rights
Visibles
Voces de Mujeres
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]]>Como parte de la campaña, se menciona que 92 mil 259 niñas quedaron embarazadas en 2017. De acuerdo con información de Prensa Libre, el 90% de los embarazos en niñas y adolescentes son consecuencia de la violencia sexual que se ejerce en su contra. Sin embargo, el 98% de los casos de violencia sexual que se denuncian permanecen en la impunidad.
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]]>Esta acción es parte del fortalecimiento a la organización y participación juvenil en América Latina que emprende RedLAC en el marco del Proyecto Regional con PLAN Internacional y otras redes regionales.
Recordemos que nuestro 1er Campamento se realizó en 2017, en Costa Rica. Ahora esta segunda edición tuvo el objetivo de crear un espacio de intercambio de conocimientos sobre temáticas relacionadas con los derechos sexuales, los feminismo e incidencia política, además de compartir experiencias entre lxs participantes jóvenes y conectar a nivel regional. RedLAC se propuso que lxs participantes tomaran el espacio para construir conocimientos de manera colectiva.
Con este campamento se fortalecieron los conocimientos sobre incidencia política, juventud, feminismos, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Durante el primer día del Campamento la discusión giró entorno a las siguientes temáticas: “¿Qué es ser joven?”, “Género y Juventud, abriendo la discusión a partir de qué es ser mujer joven, qué es ser hombre joven”, y finalizamos con una discusión amplia acerca del Feminismo.
El segundo día continuamos la discusión sobre Feminismo, Machismo, Hembrismo, Sexo, Género y Sexualidad. Hablamos sobre las dimensiones de la sexualidad humana, sobre orientación sexual, identidad sexual e identidad de género. Este día culminó con una Noche Cultural en que realizamos presentaciones de nuestros países, permitiendo un intercambio cultural entre lxs diferentes participantes.
El Campamento finalizó con discusiones alrededor de los derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos. Se realizaron aportes importantes en la reflexión sobre las relaciones de poder que existen actualmente, reconociendo que las juventudes nos enfrentamos a grupos que ostentan el poder económico, político y social, y que se oponen al avance de los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina y El Caribe.
Por último, quienes participamos en el 2do Campamento, concluimos que “como defensoras y defensores de derechos de las juventudes, seguimos en la lucha”, y debido a su carácter progresivo, los derechos humanos tienen que seguir avanzando. Es importante continuar articulando y creando lazos entre nosotrxs como jóvenes para construir una lucha colectiva.
Consulta también:
- La histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de América Latina a legalizar el matrimonio gay*
- Cartilla de los Derechos Sexuales de las y los jóvenes para América Latina y el Caribe
- Costa Rica: ¡Así fue el primer Campamento Juvenil sobre derechos sexuales!
INCIDEJOVEN y RedLAC, con apoyo parcial de IPAS Centroamérica, nos reunimos para hablar claro sobre el derecho a la vida y otras ideas conservadoras que pretenden limitar el libre ejercicio de nuestra sexualidad.
¡#DalePlay a nuestro video!
Consulta también:
]]>El 27 de febrero, INCIDEJOVEN y RedLAC, junto a otras organizaciones centroamericanas, participaron en una audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de niñas y mujeres en Centroamérica, en la que se explicaron la diversidad de barreras que enfrentan y obstaculizan el libre y pleno ejercicio de sus derechos, como consecuencia de las profundas desigualdades de género existentes en la región. A continuación, algunos datos que presentaron en el informe ante la CIDH:
- La penalización absoluta del aborto constituye una violación a los derechos humanos de las niñas y mujeres centroamericanas.
- En 2016, los registros de partos en niñas entre 10 y 14 años se distribuyeron de la siguiente manera: 500 en Costa Rica, 900 en Honduras, 1440 en El Salvador, 1740 en Nicaragua y 2500 en Guatemala.
- Los embarazos en niñas y adolescentes representan el 30% de los partos que se dan en la región.
- Nicaragua es el país con la tasa más alta de uniones tempranas con un registro de 41%; le siguen Honduras (34%), Guatemala (30%) y El Salvador (25%).
Consulta también:
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