Amnistía Internacional presentó esta semana el informe “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, en el que se documentan las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en el país.
El 18 de abril miles de nicaragüenses tomaron las calles para protestar en contra de una reforma social propuesta por Ortega, que contempla el recorte del 5% a las pensiones y el aumento de impuestos a los trabajadores.
La represión y criminalización con la que respondió el gobierno de Ortega provocó que las protestas se intensificaran, aunque iniciaron por la reforma social, ahora los nicaragüenses exigen democracia en su país y que se lleven a cabo elecciones anticipadas. Aunque a finales de 1970 Ortega ayudó a derrocar al régimen de los Somoza, en esta, su segunda vez como presidente, lleva más de 12 años y se niega a dejar el cargo.
Bajo el argumento de que se trata de un “golpe de Estado” y la criminalización de los manifestantes como “terroristas”, el presidente ha hecho un uso excesivo de la fuerza en contra de la población.
Los y las jóvenes han sido una parte fundamental del movimiento, y también el sector más afectado. Uno de los peores ataques del gobierno fue en contra de universitarios, cuando el pasado 13 de julio, grupos parapoliciales tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, asesinaron a dos de sus estudiantes y dejaron más de una decena de heridos.
Amnistía Internacional denunció que con la Operación Limpieza, dirigida hacia quienes participan en las protestas, el gobierno ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, tortura y uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales.
325 personas han perdido la vida y más de dos mil han resultado heridas. Más de 300 han sido encarceladas de forma ilegal. Alrededor de 20 mil han tenido que huir del país, en su mayoría han tenido que pedir asilo a Costa Rica.
Se tienen documentados al menos 12 casos de tortura, entre ellos uno de tortura sexual en contra de una mujer joven que ocurrió en un centro de detención oficial.
Apenas este fin de semana se vivió de nuevo una fuerte represión, más de 30 personas fueron sometidas y detenidas en Managua, la capital. Entre ellas, 15 mujeres que fueron trasladadas a una prisión, antes de ser interrogadas, una de ellas, la periodista Marlen Chow, prestó a sus compañeras su labial rojo para que todas se pintaran los labios. Para desconcertar a los policías, declararon que pertenecían a la “Organización de Mujeres Nicaragüenses Pico Rojo”.
Su protesta fue retomada por cientos de nicaragüenses, que como muestra de apoyo compartieron en redes sociales fotografías con los labios pintados de rojo.
¡Exigimos un alto a la violencia en Nicaragua! El gobierno de Daniel Ortega debe poner fin a la represión y a la violación de derechos humanos. Convocamos este viernes 19 de octubre a las 10 de la mañana a una acción solidaria con Nicaragua en su embajada en México, ubicada en calle Fernando de Alencastre #136, colonia Lomas de Chapultepec.
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]]>Es el caso de Guatemala, país en el que el Congreso está discutiendo el proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa de ley 5272). De ser aprobada, se endurecerán las penas que criminalizan a las mujeres que abortan y quedará prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la iniciativa de ley 5272 hace valer normas que privilegian “el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos e hijas”, por lo que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, no podrán impartir programas y planes de estudio que incluyan educación integral para la sexualidad.
La propuesta fue presentada en abril del año pasado por un grupo parlamentario cuyos miembros se identifican a sí mismos como “Provida”. Por desgracia, ésta no es una situación atípica: en la última década se ha ido fortaleciendo una posición ultraconservadora al interior de los Parlamentos de la región, la cual viene impulsando con cierto grado de efectividad una agenda anti derechos en los Congresos de los Estados.
Lamentablemente este no es un caso aislado en la región, como muestra compartimos un para de casos en América Latina para entender por qué estas políticas impiden el avance en el reconocimiento de derechos sexuales para las mujeres.
Paraguay
En octubre de 2017, el exministro paraguayo de Educación y Ciencia Enrique Riera aprobó la conocida Resolución Riera, la cual considera como “promoción de la ideología de género” el uso en las escuelas de contenidos y materiales didácticos sobre salud sexual y reproductiva.
Esta resolución fue promovida por grupos conservadores y religiosos después de que tomaran las calles de Paraguay con un discurso en contra de la igualdad de género y la no discriminación. Sin embargo, a un año de emitirse la resolución, activistas, estudiantes y organizaciones sociales continúan exigiendo al Estado su derogación, así como la implementación de una política pública nacional en Educación Integral para la Sexualidad.
Honduras
La venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) está prohibida desde 2009 en Honduras, lo que ha contribuido a que que dicho país sea el segundo en América Latina con mayor nivel de fecundidad en adolescentes.
En 2014, el diputado José Antonio Leva propuso una iniciativa para derogar el decreto que impide la venta e introducción de la PAE al interior del país, pero fue mandada a la congeladora. Hasta el día de hoy el medicamento solo puede conseguirse por vías clandestinas.
Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que es responsabilidad del Estado hondureño procurar que las mujeres y niñas tomen decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo.
Ecuador
Actualmente, Ecuador se enfrenta ante una vulneración de derechos creada por el decreto 491, frente a lo cual se desarrolla toda una desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos, y la falta de respuestas efectivas, así como de un plan concreto de transición y operativización o institucionalización de la protección de derechos en el país.
La emergencia social en la que está inmersa el Ecuador al no contar con un mecanismo de protección de derechos, constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales, a pesar de los múltiples intentos realizados por parte de la sociedad civil, para participar en la generación y diseño de propuestas para lograr a un mecanismo efectivo de protección de derechos humanos.
Es importante que se conozca que el decreto 491, pone en potencial riesgo el derecho a la vida y la integridad de mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia de género, adolescentes en conflicto con la ley, pueblos indígenas en aislamiento, víctimas de delitos de lesa humanidad, personas desaparecidas, población LGTBI, personas privadas de la libertad, entre otros.
Como jóvenes defensoras de derechos humanos, debemos estar vigilantes y críticos ante este tipo de posturas, así como continuar incidiendo en los espacios de toma de decisión, con el objetivo de contribuir a garantizar mejores condiciones para el el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las #JuventudesLAC.
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]]>Esta acción es parte del fortalecimiento a la organización y participación juvenil en América Latina que emprende RedLAC en el marco del Proyecto Regional con PLAN Internacional y otras redes regionales.
Recordemos que nuestro 1er Campamento se realizó en 2017, en Costa Rica. Ahora esta segunda edición tuvo el objetivo de crear un espacio de intercambio de conocimientos sobre temáticas relacionadas con los derechos sexuales, los feminismo e incidencia política, además de compartir experiencias entre lxs participantes jóvenes y conectar a nivel regional. RedLAC se propuso que lxs participantes tomaran el espacio para construir conocimientos de manera colectiva.
Con este campamento se fortalecieron los conocimientos sobre incidencia política, juventud, feminismos, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Durante el primer día del Campamento la discusión giró entorno a las siguientes temáticas: “¿Qué es ser joven?”, “Género y Juventud, abriendo la discusión a partir de qué es ser mujer joven, qué es ser hombre joven”, y finalizamos con una discusión amplia acerca del Feminismo.
El segundo día continuamos la discusión sobre Feminismo, Machismo, Hembrismo, Sexo, Género y Sexualidad. Hablamos sobre las dimensiones de la sexualidad humana, sobre orientación sexual, identidad sexual e identidad de género. Este día culminó con una Noche Cultural en que realizamos presentaciones de nuestros países, permitiendo un intercambio cultural entre lxs diferentes participantes.
El Campamento finalizó con discusiones alrededor de los derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos. Se realizaron aportes importantes en la reflexión sobre las relaciones de poder que existen actualmente, reconociendo que las juventudes nos enfrentamos a grupos que ostentan el poder económico, político y social, y que se oponen al avance de los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina y El Caribe.
Por último, quienes participamos en el 2do Campamento, concluimos que “como defensoras y defensores de derechos de las juventudes, seguimos en la lucha”, y debido a su carácter progresivo, los derechos humanos tienen que seguir avanzando. Es importante continuar articulando y creando lazos entre nosotrxs como jóvenes para construir una lucha colectiva.
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En la actividad participaron todas y todos los integrantes de la organización a lo largo de los años, desde fundadores hasta el equipo actual. Además, asistieron representantes de diferentes organizaciones e instituciones aliadas en la lucha por los derechos de las juventudes guatemaltecas.
También se realizó un recorrido sobre la trayectoria de la organización, especialmente en el desarrollo de procesos de incidencia política para el acceso a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) y los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas jóvenes en Guatemala.
Desde Jóvenes RedLAC felicitamos a INCIDEJOVEN por esta década llena de sueños, utopías, realidades, luchas y transformaciones; no solo en Guatemala, sino también a nivel regional.
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]]>https://www.facebook.com/372558382790564/videos/1629968557049534/
Foto: tomada del Facebook de Alianza LAC
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]]>Tal informe busca evidenciar las condiciones de violencia en que viven las niñas y las adolescentes en el país y sus diversas manifestaciones, la falta de una respuesta eficiente por parte del Estado ante problemas estructurales que han ocasionado tragedias como la sucedida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, haciendo énfasis particularmente en el vínculo existente entre la violencia y embarazos y maternidades forzadas, y la falta de acceso a educación integral en sexualidad (EIS).
Se insiste particularmente en las diversas problemáticas relacionadas con el ejercicio pleno de sus derechos humanos, como la falta de acceso a servicios de salud sexual integral y diferenciada; a una educación integral en sexualidad (EIS), laica, científica y basada en derechos humanos; y a la falta de oportunidades de desarrollo integral al asumir embarazos y maternidades forzadas, entre otras; afectando su ciclo de vida en general.
Tan solo de enero a julio de 2017 se registraron 35 mil 823 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, precisa el Informe, y se estima que una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas o lo están actualmente y el 6% de niñas menores de 14 años están embarazadas o lo han estado.
En ese contexto, Guatemala cuenta con un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado a implementar una educación integral en sexualidad (EIS), la cual es de vital importancia para garantizar a niñas y adolescentes un desarrollo integral y una vida plena. Sin embargo, no se garantiza este derecho y las leyes no se han implementado de manera adecuada.
En general, el Estado no cuenta con una respuesta integral ni con la voluntad política para enfrentar las problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes del país, como la falta de un sistema de protección eficiente que garantice sus derechos y su vida. Esto se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones.
Descarga el Informe Alternativo en español AQUÍ
Descarga el Informe Alternativo en inglés AQUÍ
Foto: noticieros.televisa.com
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]]>Además se abrieron espacios de diálogo sobre los feminismos y su diversidad, y la necesidad de estos para lograr un cambio estructural en nuestras comunidades y países.
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Primer Campamento Juvenil “JUVENTUDES Y DERECHOS SEXUALES”
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]]>Tomando en cuenta la relevancia que la inversión en la niñez y la adolescencia ha adquirido debido a la aprobación de la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño en 2016, el seminario se convirtió en un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias gubernamentales y personas expertas en derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
El objetivo del seminario era identificar los principales aportes que las instituciones y la sociedad civil han realizado en la región para la agenda de inversión en materia de niñez, adolescencia y juventud, así como los desafíos que persisten para garantizar los derechos de este sector, sobre todo aquellos que les afectan directamente; por ejemplo, los paraísos fiscales, la corrupción y el subejercicio presupuestal en los Estados.
Jóvenes RedLAC participó en el seminario con el tema “El diálogo intergeneracional en el monitoreo de presupuestos públicos con perspectiva de género”, en el marco de las discusiones sobre ciudadanía y prácticas para el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes en el ciclo presupuestario.
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]]>El encuentro tuvo como objetivo promover el diálogo entre diversas organizaciones juveniles con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y la Conferencia Iberoamericana de Juventud. Los tres marcos normativos conforman la #Agenda2030, cuya meta es la promoción, adopción y evaluación de políticas públicas encaminadas a erradicar la pobreza y la brecha de género salarial, a la protección del medio ambiente, el acceso a educación de calidad y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros temas, hasta el año 2030.
En ese sentido, el encuentro permitió construir y compartir agendas comunes, así como conocer el trabajo que cada organización o colectiva realiza en sus respectivos países en torno a la garantía de los derechos sexuales, para la conformación de un grupo base que trabaje a nivel nacional en el monitoreo de los avances que desarrollen los gobiernos para el cumplimiento de la #Agenda2030.
Fotos: Red de Mujeres Jóvenes Colombia – RMJ
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A continuación, reproducimos la participación completa de Kendra Avilés:
El 68% de la población en Guatemala somos menores de 30 años. Particularmente la situación de vida y condición social de las niñas y mujeres jóvenes es alarmante. La inversión del Estado para nosotras es menor a 1.5 USD$ diarios únicamente para aquellas que están inscritas en el sistema educativo, es decir, solamente 2 de cada 10 de nosotras.
En el contexto generalizado de discriminación y violencia contra las mujeres, una de las expresiones más evidentes de su impacto es el constante aumento en la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes. 1 de cada 3 de nosotras ha sido víctima de violencia física y/o sexual y 1 de cada 5 ya es madre o está embarazada.
Claramente los embarazos y las uniones forzadas tienen un impacto negativo en nuestra calidad de vida, nuestra salud y desarrollo. El Estado aún no reconoce que forzarnos a ser esposas y mamás es una forma de tortura; que se evidencia también con el descuido del Estado sobre el cuidado y protección de menores de edad, como el FEMICIDIO INSTITUCIONAL sufrido por las niñas y adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo.
Los últimos gobiernos conservadores han bloqueado el avance de iniciativas dirigidas a fortalecer el ejercicio de nuestros Derechos Sexuales y reproductivos, sin embargo como responsables de la garantía de derechos y protección para nosotras, deberían asumirlas apuntando a que de esta forma se contribuye a generar condiciones para lograr la igualdad substantiva, donde todas nosotras tengamos oportunidades para desarrollarnos y crecer en mejores condiciones.
Garantizar la implementación a la Educación Integral en Sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo como parte de la reparación a todas las víctimas de violencia sexual, además de la asignación y ejecución de presupuesto que responda a nuestras necesidades, son clave para darnos mejores oportunidades y reconocernos como sujetas de derechos, merecedoras de una vida digna.
Foto: europapress.es
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