Tomando en cuenta la relevancia que la inversión en la niñez y la adolescencia ha adquirido debido a la aprobación de la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño en 2016, el seminario se convirtió en un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias gubernamentales y personas expertas en derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
El objetivo del seminario era identificar los principales aportes que las instituciones y la sociedad civil han realizado en la región para la agenda de inversión en materia de niñez, adolescencia y juventud, así como los desafíos que persisten para garantizar los derechos de este sector, sobre todo aquellos que les afectan directamente; por ejemplo, los paraísos fiscales, la corrupción y el subejercicio presupuestal en los Estados.
Jóvenes RedLAC participó en el seminario con el tema “El diálogo intergeneracional en el monitoreo de presupuestos públicos con perspectiva de género”, en el marco de las discusiones sobre ciudadanía y prácticas para el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes en el ciclo presupuestario.
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]]>La primera Conferencia se realizó en La Habana en 1977 y los gobiernos acordaron el primer Plan de Acción Regional. A lo largo de estas cuatro décadas, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se ha convertido en el principal espacio de negociación de una Agenda Regional de Género.
La Estrategia de Montevideo es el más reciente resultado de este espacio y constituye una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible de cara a la Agenda 2030. Además, en esta reunión la Mesa Directiva representó un espacio para discutir la importancia de vincular los resultados de la Conferencia, con otras agendas como la de Población vía la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, así como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas, que representa un gran avance en el reconocimiento del aporte de las organizaciones de mujeres y feministas de la región en el avance en la agenda de género a nivel regional, y al mismo tiempo la necesidad que desde los gobiernos se pueda aportar en la sostenibilidad de las organizaciones.
Desde RedLAC tuvimos la oportunidad de acompañar los trabajos de la Mesa y posicionar la importancia que desde la Conferencia Regional sobre la Mujer se logre trabajar en el vínculo que existe entre derechos sexuales, género y edad.
Foto: vocesfeministas.com
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]]>En los últimos años se han logrado avances en la reducción del número de personas que viven en condiciones de pobreza, sin embargo se ha desatendido una de las más importantes: la discriminación de género. Si las mujeres, niñas o adolescentes viven en pobreza, se enfrentan a obstáculos más difíciles de superar porque sus derechos no están protegidos. Tienen menores opciones para trabajar y algunas de ellas se ven abocadas a la explotación sexual.
La esperanza de vida para las mujeres que viven en países de bajos ingresos es de casi 19 años menos respecto a las mujeres en países desarrollados, y la probabilidad es dos veces más alta de que las niñas en zonas rurales no asistan a la escuela respecto a niñas de zonas urbanas.
Además las mujeres no cuentan con la misma representación política que los hombres, lo que convierte a las legislaciones con perspectiva de género un tema sin discusión en las políticas de gobernanza y a las mujeres que viven en pobreza en una marginación adicional.
Foto: undp.org
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]]>Foto: cr.undp.org
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]]>Sobre la base de estos inspiradores relatos de resistencia, nuestra nueva guía práctica«Tejiendo la Resistencia a través de la Acción: Las Estrategias de las Defensoras de Derechos Humanos contra las Industrias Extractivas» presenta las estrategias concretas que las defensoras han implementado para confrontar al poder corporativo y preservar del extractivismo a su gente, sus formas de subsistencia y sus territorios.
*Publicado en awid.org [agosto 22, 2017]
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]]>Parte de las discusiones de la sesión fueron en torno al financiamiento para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la conclusión fue el compromiso de un aumento sustancial al presupuesto.
Otro elemento importante de la sesión fue la elección de tres consejeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De entre 6 candidatas y candidatos, Joel Hernández de México, Antonia Urrejola de Chile y Flávia Piovesan de Brasil fueron elegidas por votación.
Para RedLAC este espacio resultó muy relevante en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales. Seguiremos de cerca la siguiente sesión, que se llevará a cabo en Washington en 2018.
]]>El pasado miércoles 14 de junio, realizamos el PLANTÓN POR LA DIGNIDAD en el Memorial por las niñas de Guatemala en la Plaza de la Constitución de Guatemala. Nos manifestamos por una de las masacres más atroces en la historia de ese país y la región, que ocurrió el 08 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, en donde 56 niñas y adolescentes fueron puestas bajo llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 se encuentran gravemente heridas. Una noche antes de esta tragedia, ellas habían intentado escapar, porque durante mucho tiempo fueron víctimas de una sistemática violación a sus derechos humanos.
En el desarrollo de este plantón, INCIDEJOVEN, organización integrante de RedLAC, realizó un video mapping en el Palacio Nacional de la Cultura. Se proyectaron los 41 rostros ilustrados de las niñas y adolescentes víctimas de ese femicidio perpetrado por el Estado de Guatemala. Esta actividad se enmarcó dentro de la campaña #NosDuelen56 impulsada por Prensa Comunitaria, iniciada el 15 de mayo para conmemorar los 3 meses de este atroz hecho. En esta campaña se planteó publicar y difundir de forma simultánea en diversos medios nacionales e internacionales dichas ilustraciones.
Las organizaciones y colectivas de jóvenes feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos que conformamos la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales-RedLAC, nos solidarizamos con las víctimas del incendio ocurrido el pasado 8 de marzo, condenamos enérgicamente este acto demandando al Estado Guatemalteco tome las medidas necesarias para que se haga justicia.
Denunciamos al Gobierno de Guatemala como único responsable de la muerte de las 41 niñas y adolescentes y como cómplice de la violencia sistemática vivida en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
https://www.facebook.com/JovenesRedLac/videos/1729026697112547/
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]]>México, 2017
Discurso de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos
En las Américas estamos viviendo una gravísima crisis de derechos humanos que impacta en la democracia y el estado de derecho. En este marco, los derechos de las mujeres son violentados sistemáticamente, en particular, el derecho a la salud en el marco de la reproducción. Las violaciones a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres se ven reflejadas en el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva y en la impunidad del Estado, situaciones que restringen la participación de más de la mitad de la población en la sociedad y la democracia. En América Latina y El Caribe, todos los días hay niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a las que les son negados los servicios de aborto legal y seguro, tras lo cual son obligadas a ser madres o a morir por abortos inseguros. Paralelamente, las mujeres con embarazos deseados sufren de tratos crueles inhumanos y degradantes en la sala de parto.
Pese al reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, y a su incorporación en las normas nacionales e internacionales, la realidad para las mujeres de la región sigue siendo otra.
Los Estados no sólo han sido incapaces de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia sino que reproducen leyes, políticas y prácticas contrarias al ejercicio de nuestros derechos.
De los 9 países en los que se penaliza totalmente el aborto, 7 están en la región de las Américas: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Chile, Honduras, Haití y Surinam. Además, de acuerdo con la OMS, el 21% de las muertes maternas se atribuyen al aborto inseguro[i] y somos la única región en la que los abortos inseguros van en aumento[ii].
Las organizaciones de la sociedad civil llevamos más de 20 años visibilizando que las leyes de aborto altamente restrictivas no están asociadas con tasas de aborto más bajas; por el contrario, perpetúan patrones de estigma y discriminación; crean barreras de acceso a servicios de salud para las mujeres y de acceso a la justicia; ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y afectan desproporcionadamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, de escasos recursos, a las mujeres que viven con VIH y a las adolescentes. El impacto ha sido aún más grande frente a la crisis de zika. Sin embargo, los Estados han hecho caso omiso respecto a su obligación de proveer este servicio para las mujeres.
En el caso de los países que cuentan con causales a través de las cuales las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, la realidad no es muy diferente. La implementación es un reto constante ya que las mujeres se enfrentan a autoridades que las revictimizan y les niegan el acceso a los servicios al exigirles requisitos o documentos no establecidos por ley.
La violencia sexual es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos[i]. Los Estados han incumplido en su responsabilidad de prevenir y atender esta forma de violencia, ya que actualmente, somos la única región donde ha aumentado el número de partos en niñas menores de 15 años.[ii] En el caso de México, 4 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 15 años[iii] y somos el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE. En Perú 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes. En Guatemala, diariamente se registran 5 embarazos de menores de 14 años. En Nicaragua, 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 13 años. En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en niñas de 10 a 14 años han aumentado 78%.[iv] A pesar de estos escalofriantes datos, países como Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile, República Dominicana, El Salvador y Guatemala continúan ejerciendo violencia institucional en contra de niñas y mujeres al negarles el acceso al aborto.
Paradójicamente, en la región el discurso acerca de la supuesta “protección de la vida” no se ha traducido en una exigencia respecto a la provisión de servicios de salud para las mujeres que tienen embarazos deseados.
Las salas de parto siguen siendo una tumba, ya que ningún país estuvo en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de disminuir un 75% la mortalidad materna para 2015[i]. A pesar de que ha habido una reducción, ésta no ha sido homogénea.
Las mujeres que no mueren, sufren cotidianamente violencia obstétrica, una forma de violencia institucional en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud que el Estado no sólo no previene sino que ha normalizado. Esta violencia consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause un daño físico o psicológico a la mujer, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización. Lejos de tratarse de negligencias médicas aisladas, la violencia obstétrica es un patrón que se reproduce en toda la región.
El marco discriminatorio frente a la salud reproductiva también se ve reflejado en el limitado acceso a métodos de planificación familiar[i], incluyendo la pastilla de anticoncepción oral de emergencia (PAE)[ii]. La decisión de impedir la venta y/o acceso gratuito de la PAE, como ocurre en Perú[iii], Costa Rica[iv] y Honduras[v], viola los derechos de las mujeres a tomar decisiones libre y responsablemente respecto al número e intervalo de sus hijos.
De igual manera, la discriminación que sufren las mujeres con VIH es parte de la violencia ejercida por los Estados. Siendo su expresión más violenta, la esterilización forzada. Pese a la falta de visibilidad, el 33% de las personas latinoamericanas y el 50% de las personas en el Caribe diagnosticadas con VIH son mujeres.
Desde la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos consideramos que en la región los retos persisten y son muchos. Es por ello, que se requiere que los Estados miembros redoblen esfuerzos para adoptar legislación acorde a la protección de los derechos humanos y que dicha legislación sea implementada con recursos para que tenga un verdadero impacto en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres.
Solicitamos a la OEA…
Recomendaciones
- Recomendar a los Estados que cuentan con una prohibición total del aborto que despenalicen la interrupción del embarazo, al menos, en casos de violación, peligro de vida y salud para las mujeres y en los casos de malformaciones incompatibles con la vida.
- Adoptar la recomendación emitida en el MESEVIC de eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo.”[i]
- Prestar una atención de salud integral a las víctimas de violencia sexual que incluya acceso a la profilaxis post exposición para VIH, anticoncepción oral de emergencia e interrupción legal del embarazo, acceso temprano a los servicios de atención prenatal y orientación sobre planificación familiar.
- Realizar esfuerzos especiales para atender a las poblaciones más afectadas por el Zika y a las mujeres y familias que deciden criar un hijo con Zika.
- Garantizar la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas y
- Asegurar la implementación de una educación integral en sexualidad en todos los espacios para ampliar los horizontes.
[1] En ese orden de ideas, diferentes órganos de protección de derechos humanos han manifestado su preocupación porque en la región el aborto inseguro continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna y por la interpretación restringida que se hace sobre el aborto legal, recomendando revisar la ley “para establecer excepciones a la prohibición y sanción del aborto” [La Plataforma de Acción de Beijing recomendó a los gobiernos el considerar la posibilidad de revisar las leyes que establecen medidas punitivas contra las mujeres que hubieran tenido abortos ilegales. Plataforma de Acción de Beijing, para. 106 (k)]. Asimismo, de manera específica, la Plataforma de Acción de Beijing, así como el Programa de Acción de Cairo, instaron “a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a incrementar su compromiso con la salud de la mujer y a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública… En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos.” [Programa de Acción de la CIPD, para. 8.25. Ver también Plataforma de Acción e Beijing, para. 106 (b) (k)].
[1] Guttmacher Institute, Aborto inducido a nivel mundial, Hoja Informativa, 2016. Disponible en: https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fs-aww-es.pdf
[2] OEA (2010). Violencia Sexual en Latinoamérica y el Caribe: Análisis de Datos Secundarios
[3] UNICEF, Plan Internacional, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes, 2014
[4] www.cladem.org/america-y-el-caribe/73-cladem-mexico | www.forbes.com.mx/violencia-infantil-la-otra-cara-de-mexico/#gs.65u5ajo | www.ceav.gob.mx/
[5] GIRE, CLACAI, Amnistía Internacional, Planned Parenthood Global, Campaña Niñas, no madres, 2017. Disponible en: http://ninasnomadres.org/
[6] OMS, UNICEF, UNFPA, WB, Estimaciones de las tendencias de la mortalidad materna, 1990 a 2013, 2014. Disponible en: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/#
[7] El derecho a planificar la propia familia está definido en la CEDAW como el derecho de las mujeres “…a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. CEDAW, art. 16
[8] La anticoncepción oral de emergencia, también llamada Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) es un método anticonceptivo hormonal. Su principal especificidad radica en que es el único método que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual desprotegida y por ello es de especial necesidad allí donde persiste la violencia sexual contra la mujer, ya que puede evitar un embarazo fruto de violación. Hoy en día la mayoría de productos de anticoncepción oral de emergencia son a base de levonorgestrel (un componente hormonal sintético).
[9] El 22 de octubre, 2009, el Tribunal Constitucional de Perú prohibió la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia.
[10] Hevia, Martín, El Status Jurídico de la Anticoncepción de Emergencia en América Latina, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), 2012. Disponible en: https://www.law.utoronto.ca/utfl_file/count/documents/reprohealth/SP29_Anticoncepcion_de_Emergencia.pdf
[11] A través del decreto ministerial 2744 de 2009, firmado por el presidente de facto Roberto Micheletti y publicado en el diario oficial de Honduras el 24 de octubre, 2010 se prohibió el uso y comercialización de la Anticoncepción Oral de Emergencia
[12] MESEVIC, (2016). Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belem do Para. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf
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La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 se celebra en un momento decisivo de la historia de la cooperación internacional. En vista del creciente reconocimiento de la interdependencia de las cuestiones mundiales de población, desarrollo y medio ambiente, nunca ha habido tantas posibilidades de adoptar políticas socioeconómicas y macroeconómicas adecuadas para promover en todos los países el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible y de movilizar recursos humanos y financieros a fin de resolver los problemas mundiales. Nunca antes ha tenido la comunidad mundial a su disposición tantos recursos, tantos conocimientos y tecnologías tan poderosas con los que fomentar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico, si se encauzan en forma idónea. Ahora bien, la utilización eficaz de los recursos, los conocimientos y las tecnologías se ven condicionadas por obstáculos económicos y políticos a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, pese a que hace ya tiempo que se dispone de amplios recursos, su utilización para lograr de un desarrollo socialmente equitativo y ecológicamente racional se ha visto seriamente limitada.
En los dos últimos decenios el mundo ha sufrido cambios de gran alcance. Gracias a los esfuerzos nacionales e internacionales se ha avanzado mucho en muchas esferas importantes para el bienestar humano. Sin embargo, los países en desarrollo siguen teniendo que hacer frente a graves dificultades económicas y a un entorno económico internacional desfavorable, y en muchos países el número de personas que viven en la pobreza absoluta ha aumentado. En todo el mundo, muchos de los recursos básicos de que dependerán las generaciones futuras para su supervivencia y su bienestar se están agotando y se intensifica la degradación del medio ambiente, impulsada por modalidades insostenibles de producción y de consumo, un crecimiento sin precedentes de la población, la persistencia y difusión de la pobreza y las desigualdades sociales y económicas. Hay problemas ecológicos, como el del cambio climático mundial, debidos en gran parte a modalidades insostenibles de producción y consumo, que agravan las amenazas que pesan sobre el bienestar de las generaciones futuras. Se está llegando a un consenso mundial respecto de la necesidad de que haya más cooperación internacional en materia de población, en el contexto del desarrollo sostenible, para el que el Programa 211 brinda un marco. Se ha logrado mucho a ese respecto, pero es necesario hacer más.
Nuestra tarea colectiva sigue siendo fortalecer y ampliar las iniciativas para alcanzar los objetivos del Programa de Acción
THORAYA AHMED OBAID
Actualmente la población mundial se estima en 5.600 millones de personas. Aunque la tasa de crecimiento tiende a disminuir, en términos absolutos se ha producido un aumento, que actualmente es de más de 86 millones de personas por año. Es probable que la población siga aumentando en más de 86 millones de personas por año hasta el año 2015.
Durante los seis años que quedan de este decenio de importancia decisiva, las naciones del mundo, con sus actos u omisiones, elegirán entre toda una gama de posibles futuros demográficos. Las variantes baja, media y alta de las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas para los próximos 20 años van de un una variante baja de 7.100 millones de personas a una variante media de 7.500 millones de personas y a una variante alta de 7.800 millones de personas. Esa diferencia de 720 millones de personas en un breve espacio de 20 años es superior a la población actual del continente africano. Las proyecciones para un futuro más lejano difieren aún más. Para el año 2050 las proyecciones de las Naciones Unidas van de 7.900 millones de personas a una variante media de 9.800 millones y a una variante alta de 11.900 millones de personas. El logro de los objetivos y metas del presente Programa de Acción, que se refiere a un período de 20 años y en el que se tienen en cuenta muchos de los problemas fundamentales de población, salud, educación y desarrollo a que hace frente toda la comunidad humana, daría como resultado en ese período y en los años subsiguientes un crecimiento de la población mundial a niveles inferiores a los de la proyección media de las Naciones Unidas.
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Ilustración: alianzaporlasolidaridad.org
*El texto publicado es el Preámbulo de este Programa de Acción
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