Cada vez es más común (¡y qué bueno!) escuchar en la academia, el activismo, el periodismo y los medios informativos el término interseccionalidad. Por lo general, las discusiones en las que este concepto es referido son las que abordan temas de feminismo, justicia social y promoción y defensa de derechos humanos.
El problema es que persiste un desconocimiento generalizado sobre la interseccionalidad, quizá porque su teorización suele ser percibida como exclusiva de la sociología, la antropología o los estudios de género, ignorando las posibilidades políticas y jurídicas que tiene el concepto en la protesta social de poblaciones específicas.
Para entender el alcance que tiene la interseccionalidad para el desarrollo sostenible de la humanidad, primero debemos situar su papel dentro del Derecho Internacional Público, así como de todos sus mecanismos (acuerdos, convenciones, tratados internacionales, etc.). De lo contrario, queda la falsa noción de que la interseccionalidad funciona como un “sistema de puntos” en el que se establecen identidades que “sufren más” y otras que “sufren menos”.
Genealogía del concepto
El primer acercamiento histórico al concepto de interseccionalidad lo encontramos en Francia a finales del siglo XVIII con la obra La declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana de Olympia de Gouges, quien pretendía evidenciar cómo las mujeres eran excluidas sistemática y deliberadamente de la vida pública en el texto fundacional de la Revolución francesa: La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano.
No obstante, el término fue acuñado hasta 1989 por Kimberlé Crenshaw, abogada estadounidense y afrodescendiente, para denunciar que en Estados Unidos las mujeres negras enfrentan experiencias de violencia y discriminación distintas a las de las mujeres blancas, debido al cruce entre las categorías de raza y género.
Crenshaw ha declarado en múltiples ocasiones que su intención no era fundar una nueva teoría sobre la opresión, sino hacer un uso de la interseccionalidad contextual y práctica, con el objetivo de visibilizar las dinámicas de desigualdad y violencia que las mujeres afrodescendientes viven a raíz de la falta de políticas públicas integrales en Estados Unidos.
Más adelante, feministas como Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Norma Alarcón, Chela Sandoval, Gloria Anzaldúa, Chandra Talpade Mohanty, entre otras, retomaron y reivindicaron el concepto para separarse del “feminismo blanco”, que ignora las experiencias de discriminación y violencia que viven las mujeres afrodescendientes.
En América Latina y el Caribe, la interseccionalidad fue empleada como una herramienta analítica para reflexionar el colonialismo en la región a finales del siglo XIX y mediados del XX. Un ejemplo destacado de este movimiento surgió en Brasil con las activistas e intelectuales Thereza Santos, Lelia González y Luiza Bairros; o en Perú, con la escritora Clorinda Matto de Turner y su libro Aves sin nido.
Asimismo, los movimientos feministas locales han incorporado los temas de clasismo, racismo y diversidad sexual dentro de sus discusiones a partir del Segundo Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, en 1983.
Interseccionalidad y el Sistema Internacional de Derechos Humanos
El concepto de interseccionalidad surgió dentro de los movimientos feministas para describir cómo la convergencia de distintos factores de exclusión social (género, raza, clase social, identidad de género, orientación sexual) genera formas particulares de discriminación en grupos específicos.
Tal ha sido su trascendencia que el término se incorporó en las últimas décadas al Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Aunque no aparece como un concepto dentro de la Declaración, el principio de interseccionalidad está presente en una variedad de pactos, acuerdos y tratados internacionales.
Al respecto, cabe hacer una aclaración: la interseccionalidad no es pensar los factores como bloques que se van acumulando, tampoco establece un sistema de puntaje para determinar grupos más o menos discriminados.
Tal como expresa Georgina Vargas Vera, la discriminación interseccional “atiende a la concurrencia simultánea de diversas causas de discriminación que pueden tener un efecto sinérgico, superior a la simple suma de varias formas de discriminación, y que combinadas generan un tipo particular de discriminación, que ocurre cuando determinadas causas interactúan de determinada manera en el caso de una persona”.
¿Por qué es importante que los organismos internacionales y regionales de derechos humanos actúen bajo un enfoque de interseccionalidad? Porque funciona como un parámetro de exigibilidad que obliga a los Estados Parte a implementar medidas integrales para la eliminación de todos los tipos de violencias que viven los grupos que históricamente han sido discriminados por diversos factores.
Si quieres conocer más sobre la interseccionalidad y sus aportaciones a la promoción y defensa de los derechos humanos, te compartimos un listado de acuerdos y pactos regionales e internacionales que se guían bajo este principio:
- Consenso de Montevideo
- Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
- Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
- Declaración y Programa de Acción de Durban
No se trata de crear “nuevos derechos” o “derechos exclusivos” para ciertos grupos. Al contrario, la interseccionalidad es un instrumento que nos ayuda a reconocer que las leyes, programas sociales y políticas públicas no siempre reconocen la multiplicidad de factores por las que una persona puede ser discriminada. No se están “privilegiando los derechos de una minoría por el de las mayorías”, se trata de romper con la idea de que las violencias nos afectan a todas y todos por igual. Porque no es así, y reconocerlo es un paso importante para acabar con los problemas estructurales.
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Somos historia y futuro. Desde la Declaración de San Bernardo en 1990, cuando se estableció este día de lucha feminista, el compromiso es creciente e incesante. Cada 28 de septiembre el movimiento de mujeres y feminista de toda la región confluyen en acciones coordinadas con nuestras heterogéneas identidades y culturas, con las diversidades enmarcadas en la pluralidad en nuestra lucha antipatriarcal y anticolonialista.
Estamos hermanadas y vamos a transformarlo todo. La Campaña 28 de Septiembre se propone exigir las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y los cambios jurídicos que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Este reclamo se vuelve más poderoso, un grito recorre el mundo denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el aborto seguro, permiten la tortura física y emocional debido al abuso y maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva, la privación servicios adecuados, la preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos, que se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria, basada en el género, estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio, que causa daños y sufrimiento a mujeres y personas con capacidad de gestar. En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual, existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y el Distrito Federal de México. En Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, contamos con la legalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está plenamente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
En este último país a Rosaura, teniendo leucemia le negaron el tratamiento contra esa enfermedad que podía haberle salvado la vida para no provocarle un aborto. Igual privación recibió Ana María en Argentina quién dejó a tres hijos huérfanos tras morir por un cáncer de mandíbula, que médicos de un hospital público dejaron avanzar por causas” religiosas y morales”.
Mainumby en Paraguay fue violada y quedo embarazada con apenas 10 años. Le impidieron abortar a pesar de que su vida y salud física y mental estaban en peligro.
En el Salvador país en el que 147 mujeres fueron procesadas por casos relacionados a abortos como Teodora quien sufrió una emergencia obstétrica y fue acusada de habérsela causado y condenada a 30 años de cárcel sin pruebas. Esta violencia institucional se replica en casos como el de Tania en Chile y Esperanza en Perú, quienes fueron esterilizadas contra su voluntad estando embarazadas y teniendo secuelas graves en su salud física.
La lucha por la despenalización y legalización del aborto vela y construye dignidad, emancipación y el reconocimiento ineludible de cada una de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestra maternidad y proyectos venideros. Son los Estados los que deben generar las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos.
Nuestra demanda por aborto legal es un posicionamiento político transformador. Somos la palabra vital que construye e inunda cada uno de nuestros territorios, que irrumpe, que sueña, que abraza, que palpita un porvenir con alegría, activismo y militancia activa. Argentina asumió la responsabilidad de ser la coordinación regional de la Campaña tras una gran movilización por “Un grito global” en 2017, cuando los pañuelos verdes se instalaron en cada casa, escuela, en cada plaza, en cada organización, en los partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, instituciones profesionales, universidades, en cada manifestación por los derechos humanos.
Nuestra lucha marca una bisagra en la historia regional, alimentado por la progresiva disrupción latinoamericana y caribeña que asume una identidad propia, en la que ganamos organización, en la que nos hacemos ver y nos hacemos oír, en la que irrumpen más feminismos en las calles y en los medios de comunicación, en las redes, en espacios de debate público. Ganamos la movilización internacional que sostenemos inquebrantablemente.
El dominio y la sujeción no son compatibles con el futuro esperanzado de cada latinoamericana, ni con las democracias de nuestros pueblos. Hoy los fanatismos religiosos se sienten empoderados.
Éstos se instalan como una fuerza reactiva a nuestra valentía, pero no tienen futuro. El pasado no tiene lugar en esta gran marea verde que se despliega en todo el continente y en el mundo entero, el futuro son nuestras jóvenes, son las hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar. La juventud ha tomado la causa por el aborto legal, seguro y gratuito y no tiene vuelta atrás. Venceremos.
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe
]]>Es el caso de Guatemala, país en el que el Congreso está discutiendo el proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa de ley 5272). De ser aprobada, se endurecerán las penas que criminalizan a las mujeres que abortan y quedará prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la iniciativa de ley 5272 hace valer normas que privilegian “el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos e hijas”, por lo que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, no podrán impartir programas y planes de estudio que incluyan educación integral para la sexualidad.
La propuesta fue presentada en abril del año pasado por un grupo parlamentario cuyos miembros se identifican a sí mismos como “Provida”. Por desgracia, ésta no es una situación atípica: en la última década se ha ido fortaleciendo una posición ultraconservadora al interior de los Parlamentos de la región, la cual viene impulsando con cierto grado de efectividad una agenda anti derechos en los Congresos de los Estados.
Lamentablemente este no es un caso aislado en la región, como muestra compartimos un para de casos en América Latina para entender por qué estas políticas impiden el avance en el reconocimiento de derechos sexuales para las mujeres.
Paraguay
En octubre de 2017, el exministro paraguayo de Educación y Ciencia Enrique Riera aprobó la conocida Resolución Riera, la cual considera como “promoción de la ideología de género” el uso en las escuelas de contenidos y materiales didácticos sobre salud sexual y reproductiva.
Esta resolución fue promovida por grupos conservadores y religiosos después de que tomaran las calles de Paraguay con un discurso en contra de la igualdad de género y la no discriminación. Sin embargo, a un año de emitirse la resolución, activistas, estudiantes y organizaciones sociales continúan exigiendo al Estado su derogación, así como la implementación de una política pública nacional en Educación Integral para la Sexualidad.
Honduras
La venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) está prohibida desde 2009 en Honduras, lo que ha contribuido a que que dicho país sea el segundo en América Latina con mayor nivel de fecundidad en adolescentes.
En 2014, el diputado José Antonio Leva propuso una iniciativa para derogar el decreto que impide la venta e introducción de la PAE al interior del país, pero fue mandada a la congeladora. Hasta el día de hoy el medicamento solo puede conseguirse por vías clandestinas.
Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que es responsabilidad del Estado hondureño procurar que las mujeres y niñas tomen decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo.
Ecuador
Actualmente, Ecuador se enfrenta ante una vulneración de derechos creada por el decreto 491, frente a lo cual se desarrolla toda una desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos, y la falta de respuestas efectivas, así como de un plan concreto de transición y operativización o institucionalización de la protección de derechos en el país.
La emergencia social en la que está inmersa el Ecuador al no contar con un mecanismo de protección de derechos, constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales, a pesar de los múltiples intentos realizados por parte de la sociedad civil, para participar en la generación y diseño de propuestas para lograr a un mecanismo efectivo de protección de derechos humanos.
Es importante que se conozca que el decreto 491, pone en potencial riesgo el derecho a la vida y la integridad de mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia de género, adolescentes en conflicto con la ley, pueblos indígenas en aislamiento, víctimas de delitos de lesa humanidad, personas desaparecidas, población LGTBI, personas privadas de la libertad, entre otros.
Como jóvenes defensoras de derechos humanos, debemos estar vigilantes y críticos ante este tipo de posturas, así como continuar incidiendo en los espacios de toma de decisión, con el objetivo de contribuir a garantizar mejores condiciones para el el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las #JuventudesLAC.
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]]>Según su preámbulo, la ley pretende introducir normas y reformas para “proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consciencia y expresión y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad”.
Sin embargo, de aprobarse estaríamos frente a un grave retroceso en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y de las personas LGBTIQ en Guatemala.
En concreto, la iniciativa extiende el tipo penal de aborto incluso frente a situaciones de pérdida espontánea y muerte natural del embrión durante cualquier etapa del embarazo, que podrían derivarse inclusive de situaciones involuntarias de emergencia obstétrica. Esta situación implicaría que Guatemala aprobaría una normativa regresiva y similar a la de países como El Salvador, en donde el aborto está completamente prohibido y ha derivado en la criminalización de mujeres víctimas.
Dicho esto, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité CEDAW ya se han pronunciado sobre el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.
A su vez, la iniciativa de ley N° 5272 introduce normas que prohíben a instituciones educativas privadas y públicas implementar políticas y programas sobre educación integral en sexualidad, en reivindicación del derecho de los padres de decidir la educación que reciben sus hijos e hijas. Estas normas perpetuarían las prácticas de discriminación y violencia contra las niñas y adolescentes en un país donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que, de los 52.288 nacimientos registrados de enero a setiembre de 2017, 24.258 correspondieron a madres menores de 18 años.
Al respecto, la CIDH instó al Estado en 2017 a “implementar políticas públicas de educación y atención integral a niños, niñas y adolescentes, incluidas de educación sexual y reproductiva apropiadas para los diferentes grupos etarios”.
La iniciativa pretende además reformar el Código Civil introduciendo la prohibición expresa del matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo y limitar la adopción únicamente a familias constituidas por un hombre y una mujer. Asimismo, pretende que se garantice que “las personas no están obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales”, incrementando el riesgo a los actos de violencia, discriminación y crímenes de odio.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que lo anterior violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto “[u]n derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.
En este sentido, las normas introducidas en el texto son abiertamente discriminatorias, atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ y constituyen incitación a la discriminación y la violencia.
En su conjunto, la iniciativa 5272 se contrapone de manera flagrante las obligaciones contraídas por el Estado guatemalteco de manera soberana y su aprobación acarrearía responsabilidad internacional. Las organizaciones firmantes instamos al Estado de Guatemala a abstenerse de aprobar esta normativa y adoptar medidas de manera inmediata para desmontar las prácticas y normas que continúan perpetuando la discriminación histórica de las mujeres, adolescentes, niñas y población LGBTIQ.
Organizaciones firmantes
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto – El Salvador
Alianza Política Sector de Mujeres
Artesanas
Asociación Alas de Mariposas
Asociación de Mujeres de Peten Ixquik
Asociación de Mujeres para Estudios Feministas (AMEF)
Asociación de Trabajadoras del Hogar y A domicilio y de Maquila (ATRAHDOM)
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras (AGIMS)
Asociación LAMBDA
Asociación Nuevos Horizontes (ANH)
Asociación Somos Jóvenes Diversos en Acción (SOMOS)
Casa de la Mujer de Solola
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectiva Feminista por el Desarrollo Local – El Salvador
Colectivo Amigos contra el SIDA (CAS)
Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Guatemala
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) – Nicaragua
Convergencia por los Derechos Humanos, conformada por: CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG
EducaGuatemala
EducArte
El Refugio de la Niñez
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)
Federación Guatemalteca LGBTI, conformada por: Asociación de Mueres Trans en Acción. “AMTA”, Asociación Gente Feliz Diversa, Organización Multicultural de la Diversidad Sexual (OMDIS), Diversidad Quiche, Asociación LGBTI Escuintla, Izabal Diverso, Colectivo de Sordos LGBTI COSOR, Asociación LGBTI Zacapa, Antigua Diversa, Asociación Somos Jóvenes diversos en Acción (SOMOS), Asociación Casa de Colores, Colectivo Petén de Colores, SOMOS Alta Verapaz, SOMOS LES, el Progreso Diverso, Jalapa Diversa en Acción, Colectivo tejidos de colores, Grupo de apoyo Xela GAX, Kajib Kawoq, Siempre positivos GT, Agentes del Cambio Diverso
Federación LGBTI – El Salvador, conformada por: Ales Lavinia, Amate, Estudiantes, ASPIDH Arcoiris Trans, Colectivo Alejandría, Colectivo LGBTI Estrellas del Golfo, Colectivo Normal, COMCAVIS Trans, Diké LGBTI+, Asociación Entreamigos, ESMULES, Generación HT, Fundación de la manos contigo
Fundación Marco Antonio –FUNDAMACO
GOJoven – Honduras
Grupo de Apoyo Xela (GAX)
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
Grupo Multidisciplinario para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos
Guatemaltecas por la Defensa del Estado Laico (GDAL) – Guatemala
Grupo Sociedad Civil – Honduras
Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos
HIVOS
ICW Capítulo Guatemala
INCIDEJOVEN
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de Investigación para la Incidencia en Educación y Formación
IPAS Centroamérica
La Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes Por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC)
Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad
Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN)
Paradigma
Paz Joven
Plan Internacional Guatemala
Plataforma 51
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red de la No Violencia Contra las Mujeres (Red Novi)
Red de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH)
Red de personas Trans en Guatemala, (REDTRANS-GT)
Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción (REDMPA)
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS)
Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS)
Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH (REDNADS)
Red Sur Occidente
Robert F. Kennedy Human Rights
Visibles
Voces de Mujeres
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]]>Esta acción es parte del fortalecimiento a la organización y participación juvenil en América Latina que emprende RedLAC en el marco del Proyecto Regional con PLAN Internacional y otras redes regionales.
Recordemos que nuestro 1er Campamento se realizó en 2017, en Costa Rica. Ahora esta segunda edición tuvo el objetivo de crear un espacio de intercambio de conocimientos sobre temáticas relacionadas con los derechos sexuales, los feminismo e incidencia política, además de compartir experiencias entre lxs participantes jóvenes y conectar a nivel regional. RedLAC se propuso que lxs participantes tomaran el espacio para construir conocimientos de manera colectiva.
Con este campamento se fortalecieron los conocimientos sobre incidencia política, juventud, feminismos, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Durante el primer día del Campamento la discusión giró entorno a las siguientes temáticas: “¿Qué es ser joven?”, “Género y Juventud, abriendo la discusión a partir de qué es ser mujer joven, qué es ser hombre joven”, y finalizamos con una discusión amplia acerca del Feminismo.
El segundo día continuamos la discusión sobre Feminismo, Machismo, Hembrismo, Sexo, Género y Sexualidad. Hablamos sobre las dimensiones de la sexualidad humana, sobre orientación sexual, identidad sexual e identidad de género. Este día culminó con una Noche Cultural en que realizamos presentaciones de nuestros países, permitiendo un intercambio cultural entre lxs diferentes participantes.
El Campamento finalizó con discusiones alrededor de los derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos. Se realizaron aportes importantes en la reflexión sobre las relaciones de poder que existen actualmente, reconociendo que las juventudes nos enfrentamos a grupos que ostentan el poder económico, político y social, y que se oponen al avance de los derechos humanos en el mundo y particularmente en América Latina y El Caribe.
Por último, quienes participamos en el 2do Campamento, concluimos que “como defensoras y defensores de derechos de las juventudes, seguimos en la lucha”, y debido a su carácter progresivo, los derechos humanos tienen que seguir avanzando. Es importante continuar articulando y creando lazos entre nosotrxs como jóvenes para construir una lucha colectiva.
Consulta también:
- La histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llama a 12 países de América Latina a legalizar el matrimonio gay*
- Cartilla de los Derechos Sexuales de las y los jóvenes para América Latina y el Caribe
- Costa Rica: ¡Así fue el primer Campamento Juvenil sobre derechos sexuales!
– El alarmante avance de casos de corrupción, criminalización de la protesta y militarización en los gobiernos de la región, situación que exacerba la precarización y debilidad de la institucionalidad democrática afectando el principal pilar en todo Estado: la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna.
– La debilidad democrática que se expresa en amenaza, desprotección y desigualdad para defensores y defensoras de derechos humanos, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres con VIH, trabajadoras sexuales y personas LGBTI, frente al despliegue de una avanzada fundamentalista anti derechos y racista en la mayoría de los países de la región.
– Esta ofensiva fundamentalista en contra de la igualdad de género, pese a que su incorporación es una obligación fundamental de los Estados fundada en el principio de igualdad y el mandato de no discriminación; opera en detrimento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, las personas LTGBI, en el acceso a la educación sexual integral, a los servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, al derecho a vivir libres de violencia sin impunidad frente a la violencia sexual, garantizando el acceso a la justicia, sin riesgo para la salud y las vidas de las mujeres.
– La cada vez más creciente criminalización de la protesta y la persecución de las y los defensores de DDHH y de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo a las parteras tradicionales. Los sistemáticos asesinatos a defensafor@s de los DDHH como el reciente asesinato de Marielle Franco en Brasil, defensora, feminista, negra y lesbiana, es una clara muestra de ello.
En tal sentido, consideramos que,
- En el marco de un régimen democrático, el respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna es fundamental. Corresponde entonces a los Estados comprometerse a terminar con cualquier forma de discriminación y se contribuya a acabar con todas las formas de desigualdad y violencia que viven niñas, mujeres, jóvenes y personas LTGBI.
- Cumplir los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin admitir retrocesos ni injerencia de postulados religiosos. En ese sentido avanzar hacia la garantía y ejercicio de Estados laicos es un compromiso ineludible.
- Asegurar los procesos de denuncia, investigación y sanción a los actos de corrupción, garantizando la vigilancia y participación activa de la sociedad civil, estableciendo marcos legales que protejan a l@s denunciantes, testig@s e investigad@s. Dar una lucha real y efectiva contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad democrática implica que casos como los de Marielle no se repitan nunca más.
Lima, 12 de abril de 2018.
Consulta también:
]]>Consulta también:
]]>“En Estados Unidos, las relaciones entre los hombres y las mujeres son de guerra permanente. Es como si, en realidad, no se gustaran. Como si fuera imposible la amistad entre ellos. Se nota la desconfianza mutua, la falta de generosidad. Su relación, muchas veces, consiste en pequeños agravios, pequeñas disputas, breves victorias”.
En el mes de su natalicio, recomendamos este súper artículo de Agnès Poirier, vía El País, sobre cómo “a Simone de Beauvoir le sorprendieron, ya en 1947, las profundas diferencias que existen entre Estados Unidos y Francia en las relaciones de hombres y mujeres”.
Foto: infobae.com
Consulta también:
]]>https://www.facebook.com/372558382790564/videos/1629968557049534/
Foto: tomada del Facebook de Alianza LAC
Consulta también:
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