En esa línea, activistas evidenciaron públicamente estas problemáticas a partir de la colocación de varias mantas en diversas pasarelas de la Ciudad de Guatemala con mensajes como “Si no es legal, es clandestino” o “La maternidad será deseada o no será”, haciendo énfasis en los abortos que se practican diariamente en condiciones inseguras y de clandestinidad, debido a las restricciones legales existentes en ese país, donde el aborto se permite únicamente en casos donde se encuentra en peligro “la vida de la madre”, previa autorización de varios médicos.
Según el Guttmacher Institute, en Guatemala se practican 65 mil abortos clandestinos al año.
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Esta iniciativa violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTI, así como la educación laica, la igualdad y la protección a la familia, entre otros derechos. Por lo tanto, el amparo interpuesto es una acción preventiva ante la vulneración, disminución, tergiversación, exclusión y restricción de dichos derechos.
El 29 de junio se realizó una conferencia de prensa para informar de estos hechos e invitar a otras organizaciones a estar vigilantes de la resolución de la Corte sobre el amparo presentado.
¡Cuando se habla de amor y familia no se puede excluir, mucho menos estigmatizar!
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A continuación, reproducimos la participación completa de Kendra Avilés:
El 68% de la población en Guatemala somos menores de 30 años. Particularmente la situación de vida y condición social de las niñas y mujeres jóvenes es alarmante. La inversión del Estado para nosotras es menor a 1.5 USD$ diarios únicamente para aquellas que están inscritas en el sistema educativo, es decir, solamente 2 de cada 10 de nosotras.
En el contexto generalizado de discriminación y violencia contra las mujeres, una de las expresiones más evidentes de su impacto es el constante aumento en la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes. 1 de cada 3 de nosotras ha sido víctima de violencia física y/o sexual y 1 de cada 5 ya es madre o está embarazada.
Claramente los embarazos y las uniones forzadas tienen un impacto negativo en nuestra calidad de vida, nuestra salud y desarrollo. El Estado aún no reconoce que forzarnos a ser esposas y mamás es una forma de tortura; que se evidencia también con el descuido del Estado sobre el cuidado y protección de menores de edad, como el FEMICIDIO INSTITUCIONAL sufrido por las niñas y adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo.
Los últimos gobiernos conservadores han bloqueado el avance de iniciativas dirigidas a fortalecer el ejercicio de nuestros Derechos Sexuales y reproductivos, sin embargo como responsables de la garantía de derechos y protección para nosotras, deberían asumirlas apuntando a que de esta forma se contribuye a generar condiciones para lograr la igualdad substantiva, donde todas nosotras tengamos oportunidades para desarrollarnos y crecer en mejores condiciones.
Garantizar la implementación a la Educación Integral en Sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso a la interrupción legal y segura del embarazo como parte de la reparación a todas las víctimas de violencia sexual, además de la asignación y ejecución de presupuesto que responda a nuestras necesidades, son clave para darnos mejores oportunidades y reconocernos como sujetas de derechos, merecedoras de una vida digna.
Foto: europapress.es
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]]>Ante esto, generó en Guatemala un movimiento para evitar que esto suceda, y al mismo tiempo, la CICIG solicitó quitarle la inmunidad a Jimmy Morales para presentar un antejuicio contra el presidente e iniciar investigaciones por financiamiento electoral ilícito al partido Oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN).
Frente a esto, el partido FCN y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se unen en el congreso para proteger a Jimmy Morales y su inmunidad. Posteriormente, estos dos partidos se aliaron para cambiar la ley e impedir que puedan perseguirlos por financiamiento electoral ilícito. Además, proponen reformas a otras leyes para que otros delitos no tengan prisión obligatoria y los corruptos no vayan a la cárcel. Entre estos se encuentran la producción, comercialización o difusión de pornografía, utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de 18 años.
Días después se descubre que Jimmy Morales, además de su salario de Q150,000.00, recibe un sobresueldo de Q50,000.00 por parte del ejército para pagar la defensa de su hijo por un caso de corrupción con impuestos de las y los guatemaltecos. Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas (CGC) afirmó que ese bono era ilegal y por esa razón, Jimmy Morales también podría ir a la cárcel.
De acuerdo con varios analistas, Guatemala se enfrenta a la peor crisis política de la historia, lo cual ha provocado manifestaciones de diversos movimientos de la sociedad civil guatemalteca, quienes exigen la renuncia de Jimmy Morales y de los diputados que votaron a favor de la corrupción y la impunidad en Guatemala.
En el marco de esta crisis, la corrupción y la impunidad impiden que se garanticen los derechos fundamentales de las personas jóvenes, como el derecho a la participación política. Además, esta situación aumenta la posibilidad de que otras iniciativas que atentan contra los derechos sexuales de las juventudes, de las mujeres y de la población LGBTIQ sean aprobadas, como la iniciativa 5272 “Ley de protección a la vida y a la familia” y la iniciativa 5205 “Ley de Educación Sexual Integral” que fueron propuestas por organizaciones religiosas, fundamentalistas y anti derechos con planteamientos totalmente en contra de la garantía de los derechos humanos.
#ParoNacional #DepuracionYa #PactoDeCorruptos
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Foto: amazonaws.com
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]]>Impulsada por el partido derechista Visión con Valores (VIVA), y respaldada por más de 30 mil firmas ciudadanas, la iniciativa busca elevar de 3 a 10 años la pena de cárcel para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo libremente, así como prohibir de manera expresa cualquier declaración de unión de hecho entre personas de la comunidad LGBTIQ+.
Es agotador y frustrante estar en pleno 2017 y tener que seguir convenciendo a la gente que las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+ son seres humanos, con el derecho de amar a quien decidan e integrar la familia que más les haga sentir felices y en plenitud. Por esa razón, la Red IncideJoven está impulsando la campaña de respuesta #HablemosClaro; es importante sostener conversaciones acerca del aborto, el matrimonio igualitario, las familias diversas, entre otros, desde un discurso laico, científico y con enfoque de derechos humanos.
El objetivo de esta campaña es sensibilizar a la población de Guatemala a ser más incluyente y respetuosa con las decisiones y estilos de vida de las demás personas, sin importar su género, raza, orientación sexual o identidad de género. Y, por ende, abolir cualquier ordenamiento legal que busque coaccionar la libertad de otras y otros a partir de dogmas religiosos y discriminatorios. Basta de cuentos, cuando se habla de amor y familia no se puede excluir, mucho menos estigmatizar. ¡No a la iniciativa de ley 5272!
Foto:incidejoven.org
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