Cuando nos sentamos a analizar el problema de la vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes, surge de inmediato la pregunta por el derecho a migrar. Y, dentro del marco de los fenómenos migratorios cada vez más grandes, cabe preguntarnos si existe un derecho fundamental a salir del país de origen para entrar a otro…
Partamos de un hecho incuestionable: las fronteras tal cual las conocemos actualmente tienen un componente discriminatorio. Sirven para determinar quién entra en una comunidad política y quién no. Separan, segregan y discriminan. Y detrás de ellas está la consideración que le damos a las personas migrantes… las que tienen una situación migratoria regular o irregular; de primera o de segunda. Como si las fronteras tuvieran como fin último la tarea de mantener condenadas al subdesarrollo y a la violencia a millones de personas.
La noción de frontera, que parece estar instalada como un presupuesto inamovible, trae consigo la creencia de que las personas que entran de forma irregular a un país que no es el suyo, dejan de ser sujetas de derecho y se convierten en víctimas de una serie de violaciones sistematizadas a sus derechos humanos. Y la respuesta de los Estados ha sido un fortalecimiento de sus controles fronterizos y un recrudecimiento de sus leyes migratorias con base en claras manifestaciones de xenofobia y racismo.
Empecemos por cuestionarnos esto para poder ver más claro que las personas tienen derecho a migrar y que es muy importante que empecemos a ver a las personas migrantes como sujetas de derecho, incluso a quienes tienen un estatus migratorio irregular. Tenemos que generar mecanismos que garanticen los derechos humanos independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren las personas. Tan fácil como saber que las personas que migran de forma irregular no pierden sus derechos: no pueden ser asesinadas, violadas, discriminadas ni rechazadas, aunque, en los hechos, parezca que sí.
Pero también tenemos que empezar a ver el problema de la migración con una perspectiva de género. Las mujeres migrantes no enfrentan los mismos peligros que los hombres hacia su lugar destino; así como tampoco comparten las mismas razones para salir de su país de origen. Incluso, los derechos que le son negados durante su paso por los países de tránsito también son distintos y, por lo general, son más. Porque aunque los hombres también son discriminados en el acceso y disfrute de muchos derechos, ellos cuentan con mayores oportunidades que las mujeres.
En el mundo, las mujeres constituyen casi la mitad de personas migrantes. En la región de América Latina y el Caribe representan más de la mitad. Y sus razones para migrar son distintas a las de los hombres. Según el Informe Especial sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis, los hombres migran como resultado de la situación económica, para buscar trabajo; pero más de la mitad de las mujeres lo hacen huyendo de la violencia.
Si este dato no impacta todavía, tendríamos que detenernos a pensar por qué las mujeres de la región están migrando como resultado de violencia machista que termina expresándose en violencia estructural, política y doméstica. Estos tres factores que condicionan la migración de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe podemos traducirlos en:
La violencia machista es la principal razón por la que las mujeres deciden migrar. Si no empezamos a analizar la situación desde ahí, seguiremos perpetuando las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, en general, y de las mujeres migrantes, en particular.
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]]>Tal informe busca evidenciar las condiciones de violencia en que viven las niñas y las adolescentes en el país y sus diversas manifestaciones, la falta de una respuesta eficiente por parte del Estado ante problemas estructurales que han ocasionado tragedias como la sucedida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, haciendo énfasis particularmente en el vínculo existente entre la violencia y embarazos y maternidades forzadas, y la falta de acceso a educación integral en sexualidad (EIS).
Se insiste particularmente en las diversas problemáticas relacionadas con el ejercicio pleno de sus derechos humanos, como la falta de acceso a servicios de salud sexual integral y diferenciada; a una educación integral en sexualidad (EIS), laica, científica y basada en derechos humanos; y a la falta de oportunidades de desarrollo integral al asumir embarazos y maternidades forzadas, entre otras; afectando su ciclo de vida en general.
Tan solo de enero a julio de 2017 se registraron 35 mil 823 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, precisa el Informe, y se estima que una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas o lo están actualmente y el 6% de niñas menores de 14 años están embarazadas o lo han estado.
En ese contexto, Guatemala cuenta con un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado a implementar una educación integral en sexualidad (EIS), la cual es de vital importancia para garantizar a niñas y adolescentes un desarrollo integral y una vida plena. Sin embargo, no se garantiza este derecho y las leyes no se han implementado de manera adecuada.
En general, el Estado no cuenta con una respuesta integral ni con la voluntad política para enfrentar las problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes del país, como la falta de un sistema de protección eficiente que garantice sus derechos y su vida. Esto se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones.
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Foto: noticieros.televisa.com
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]]>Escucha el programa online cada jueves de 16-17h (hora de Ecuador) por www.radiocce.com
Foto: latinta.com.ar
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]]>Por ello la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en cooperación con UNFPA, con el apoyo de Ford Foundation y del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondo CAMY), convocan a un Encuentro Subregional a fin de apoyar a la Sombrilla Centroamericana, mediante la facilitación de un espacio de discusión e intercambio de experiencias en torno al efectivo goce y disfrute de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el aterrizaje de una estrategia efectiva de incidencia en la III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
Desde hace tiempo se ha observado con preocupación el creciente poder y presión de numerosos grupos conservadores y religiosos, también conocidos como “grupos antiderechos”, cuyos discursos y estrategias constituyen una amenaza al reconocimiento y goce de los derechos humanos, especialmente, los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y, particularmente, en relación con su salud, sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
La influencia del discurso conservador de estos grupos ha limitado o bloqueado la adopción de importantes iniciativas legislativas y ha impedido la puesta en práctica de políticas públicas orientadas a garantizar estos derechos. En este sentido, el Encuentro Subregional también constituirá una oportunidad para analizar con mayor profundidad este tema emergente en Centroamérica y su impacto en nuestra región.
Foto: Scoopnest.com
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El video salió en el contexto del feminicidio de Mara Castilla, una estudiante de 19 años de edad que fue privada de su libertad, abusada sexualmente y asesinada en Puebla el 8 de septiembre. Su caso visibilizó la situación de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres en el país. Pero no es el único: según el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), el 80% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y, de acuerdo con la ONU, 7 mujeres son asesinadas diariamente en México. No obstante, 91% de ellas no denuncia por temor a ser revictimizada en las instancias de investigación y justicia.
Consulta también las “Tarjetas de seguridad y supervivencia”, de Lorena Wolffer.
Foto: elgritomasfuerte.com
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]]>El pasado miércoles 14 de junio, realizamos el PLANTÓN POR LA DIGNIDAD en el Memorial por las niñas de Guatemala en la Plaza de la Constitución de Guatemala. Nos manifestamos por una de las masacres más atroces en la historia de ese país y la región, que ocurrió el 08 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, en donde 56 niñas y adolescentes fueron puestas bajo llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 se encuentran gravemente heridas. Una noche antes de esta tragedia, ellas habían intentado escapar, porque durante mucho tiempo fueron víctimas de una sistemática violación a sus derechos humanos.
En el desarrollo de este plantón, INCIDEJOVEN, organización integrante de RedLAC, realizó un video mapping en el Palacio Nacional de la Cultura. Se proyectaron los 41 rostros ilustrados de las niñas y adolescentes víctimas de ese femicidio perpetrado por el Estado de Guatemala. Esta actividad se enmarcó dentro de la campaña #NosDuelen56 impulsada por Prensa Comunitaria, iniciada el 15 de mayo para conmemorar los 3 meses de este atroz hecho. En esta campaña se planteó publicar y difundir de forma simultánea en diversos medios nacionales e internacionales dichas ilustraciones.
Las organizaciones y colectivas de jóvenes feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos que conformamos la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales-RedLAC, nos solidarizamos con las víctimas del incendio ocurrido el pasado 8 de marzo, condenamos enérgicamente este acto demandando al Estado Guatemalteco tome las medidas necesarias para que se haga justicia.
Denunciamos al Gobierno de Guatemala como único responsable de la muerte de las 41 niñas y adolescentes y como cómplice de la violencia sistemática vivida en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
https://www.facebook.com/JovenesRedLac/videos/1729026697112547/
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]]>Casi dos semanas después no hemos recibido respuesta de dicha embajada, así como el Estado Guatemalteco no ha dado respuestas a las familias de las niñas y adolescentes muertas; ni a los niños, niñas y adolescentes que aún están bajo su cuidado por el contrario se ha visto omiso ante tal situación y emprendido una campaña de estigmatización y criminalización hacia las víctimas y sus familias a través de los medios de comunicación. (ver carta completa aquí)
Lo sucedido en el “Hogar Seguro” ha expuesto la violencia sistemática y violación a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estos Centros de Atención así como la impunidad en la que operan.
Las mujeres, niñas y jóvenes merecemos vivir una vida libre, digna y sin miedo y es responsabilidad de los Estados garantizar este derecho. Nos negamos a seguir siendo cifras de muerte en un contexto de impunidad donde la vida de las jóvenes no importa.
Seguiremos exigiendo respuestas del Estado guatemalteco así como medidas que garanticen los derechos humanos de las personas jóvenes es por ello que nos manifestamos hoy y seguiremos haciéndolo de diversas formas hasta tener alguna respuesta.
¡Contra el feminicidio estatal, sororidad internacional!
¡Ni perdon ni olvido, castigo a los culpables!
#VivasNosQueremos
#LasNiñasDeGuatemala
Para mayor información comunicarse al 5264-3746 o a jessica@eligered.org