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{"id":7002,"date":"2017-06-19T17:19:40","date_gmt":"2017-06-19T17:19:40","guid":{"rendered":"http:\/\/jovenesredlac.org\/?p=7002"},"modified":"2021-04-28T23:14:58","modified_gmt":"2021-04-28T23:14:58","slug":"este-fue-nuestro-discurso-en-asamblea-general-de-oea-como-coalicion-de-derechos-sexuales-y-reproductivos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jovenesredlac.org\/este-fue-nuestro-discurso-en-asamblea-general-de-oea-como-coalicion-de-derechos-sexuales-y-reproductivos\/","title":{"rendered":"Este fue nuestro discurso en Asamblea General de OEA como Coalici\u00f3n de Derechos Sexuales y Reproductivos"},"content":{"rendered":"

47 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA<\/strong><\/p>\n

M\u00e9xico, 2017<\/strong><\/p>\n

Discurso de la Coalici\u00f3n de Derechos Sexuales y Reproductivos<\/strong><\/p>\n

En las Am\u00e9ricas estamos viviendo una grav\u00edsima crisis de derechos humanos que impacta en la democracia y el estado de derecho. En este marco, los derechos de las mujeres son violentados sistem\u00e1ticamente, en particular, el derecho a la salud en el marco de la reproducci\u00f3n. Las violaciones a los derechos humanos de ni\u00f1as, adolescentes y mujeres se ven reflejadas en el acceso limitado a servicios de salud sexual y reproductiva y en la impunidad del Estado, situaciones que restringen la participaci\u00f3n de m\u00e1s de la mitad de la poblaci\u00f3n en la sociedad y la democracia. En Am\u00e9rica Latina y El Caribe, todos los d\u00edas hay ni\u00f1as, adolescentes y mujeres v\u00edctimas de violaci\u00f3n a las que les son negados los servicios de aborto legal y seguro, tras lo cual son obligadas a ser madres o a morir por abortos inseguros. Paralelamente, las mujeres con embarazos deseados sufren de tratos crueles inhumanos y degradantes en la sala de parto.<\/p>\n

Pese al reconocimiento expl\u00edcito de los derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, y a su incorporaci\u00f3n en las normas nacionales e internacionales, la realidad para las mujeres de la regi\u00f3n sigue siendo otra.<\/p>\n

Los Estados no s\u00f3lo han sido incapaces de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia sino que reproducen leyes, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas contrarias al ejercicio de nuestros derechos.<\/p>\n

De los 9 pa\u00edses en los que se penaliza totalmente el aborto, 7 est\u00e1n en la regi\u00f3n de las Am\u00e9ricas: El Salvador, Nicaragua, Rep\u00fablica Dominicana, Chile, Honduras, Hait\u00ed y Surinam. Adem\u00e1s, de acuerdo con la OMS, el 21% de las muertes maternas se atribuyen al aborto inseguro[i]<\/a> y somos la \u00fanica regi\u00f3n en la que los abortos inseguros van en aumento[ii]<\/a>.<\/p>\n

Las organizaciones de la sociedad civil llevamos m\u00e1s de 20 a\u00f1os visibilizando que las leyes de aborto altamente restrictivas no est\u00e1n asociadas con tasas de aborto m\u00e1s bajas; por el contrario, perpet\u00faan patrones de estigma y discriminaci\u00f3n; crean barreras de acceso a servicios de salud para las mujeres y de acceso a la justicia; ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y afectan desproporcionadamente a las mujeres ind\u00edgenas, afrodescendientes, de escasos recursos, a las mujeres que viven con VIH y a las adolescentes. El impacto ha sido a\u00fan m\u00e1s grande frente a la crisis de zika. Sin embargo, los Estados han hecho caso omiso respecto a su obligaci\u00f3n de proveer este servicio para las mujeres.<\/p>\n

En el caso de los pa\u00edses que cuentan con causales a trav\u00e9s de las cuales las mujeres pueden acceder a una interrupci\u00f3n legal del embarazo, la realidad no es muy diferente. La implementaci\u00f3n es un reto constante ya que las mujeres se enfrentan a autoridades que las revictimizan y les niegan el acceso a los servicios al exigirles requisitos o documentos no establecidos por ley.<\/p>\n

La violencia sexual es un grave problema de salud p\u00fablica y una violaci\u00f3n de los derechos humanos[i]<\/a>. Los Estados han incumplido en su responsabilidad de prevenir y atender esta forma de violencia, ya que actualmente, somos la \u00fanica regi\u00f3n donde ha aumentado el n\u00famero de partos en ni\u00f1as menores de 15 a\u00f1os.[ii]<\/a> En el caso de M\u00e9xico, 4 de cada 10 v\u00edctimas de violencia sexual son menores de 15 a\u00f1os[iii]<\/a> y somos el primer lugar en embarazo adolescente entre los pa\u00edses de la OCDE. En Per\u00fa 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de ni\u00f1as y adolescentes. En Guatemala, diariamente se registran 5 embarazos de menores de 14 a\u00f1os. En Nicaragua, 8 de cada 10 mujeres v\u00edctimas de violencia sexual son ni\u00f1as menores de 13 a\u00f1os. En Ecuador, entre 2002 y 2010, los partos en ni\u00f1as de 10 a 14 a\u00f1os han aumentado 78%.[iv]<\/a> A pesar de estos escalofriantes datos, pa\u00edses como Ecuador, Per\u00fa, Nicaragua, Chile, Rep\u00fablica Dominicana, El Salvador y Guatemala contin\u00faan ejerciendo violencia institucional en contra de ni\u00f1as y mujeres al negarles el acceso al aborto.<\/p>\n

Parad\u00f3jicamente, en la regi\u00f3n el discurso acerca de la supuesta \u201cprotecci\u00f3n de la vida\u201d no se ha traducido en una exigencia respecto a la provisi\u00f3n de servicios de salud para las mujeres que tienen embarazos deseados.<\/p>\n

Las salas de parto siguen siendo una tumba, ya que ning\u00fan pa\u00eds estuvo en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de disminuir un 75% la mortalidad materna para 2015[i]<\/a>. A pesar de que ha habido una reducci\u00f3n, \u00e9sta no ha sido homog\u00e9nea.<\/p>\n

Las mujeres que no mueren, sufren cotidianamente violencia obst\u00e9trica, una forma de violencia institucional en el \u00e1mbito de la atenci\u00f3n del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud que el Estado no s\u00f3lo no previene sino que ha normalizado. Esta violencia consiste en cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte del personal de salud que cause un da\u00f1o f\u00edsico o psicol\u00f3gico a la mujer, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalizaci\u00f3n. Lejos de tratarse de negligencias m\u00e9dicas aisladas, la violencia obst\u00e9trica es un patr\u00f3n que se reproduce en toda la regi\u00f3n.<\/p>\n

El marco discriminatorio frente a la salud reproductiva tambi\u00e9n se ve reflejado en el limitado acceso a m\u00e9todos de planificaci\u00f3n familiar[i]<\/a>, incluyendo la pastilla de anticoncepci\u00f3n oral de emergencia (PAE)[ii]<\/a>. La decisi\u00f3n de impedir la venta y\/o acceso gratuito de la PAE, como ocurre en Per\u00fa[iii]<\/a>, Costa Rica[iv]<\/a> y Honduras[v]<\/a>, viola los derechos de las mujeres a tomar decisiones libre y responsablemente respecto al n\u00famero e intervalo de sus hijos.<\/p>\n

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De igual manera, la discriminaci\u00f3n que sufren las mujeres con VIH es parte de la violencia ejercida por los Estados. Siendo su expresi\u00f3n m\u00e1s violenta, la esterilizaci\u00f3n forzada. Pese a la falta de visibilidad, el 33% de las personas latinoamericanas y el 50% de las personas en el Caribe diagnosticadas con VIH son mujeres.<\/p>\n

Desde la Coalici\u00f3n de Derechos Sexuales y Reproductivos consideramos que en la regi\u00f3n los retos persisten y son muchos. Es por ello, que se requiere que los Estados miembros redoblen esfuerzos para adoptar legislaci\u00f3n acorde a la protecci\u00f3n de los derechos humanos y que dicha legislaci\u00f3n sea implementada con recursos para que tenga un verdadero impacto en la vida de las ni\u00f1as, adolescentes y mujeres.<\/p>\n

Solicitamos a la OEA\u2026<\/p>\n

Recomendaciones<\/strong><\/p>\n