Las calles de Uruguay se pintaron de rosa, azul y blanco el pasado 19 de octubre, gracias a que la Cámara de Diputados aprobó con 66 votos a favor la nueva Ley Integral para Personas Trans, reportaron medios locales.
Calificada como una de las más progresistas e innovadoras en América Latina, la ley representa un triunfo para la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, especialmente en un momento en el que en varios países de la región ha resurgido un fuerte movimiento antiderechos que apunta, además de ocupar puestos importantes de poder, a la aprobación de leyes que implican vulneración o violaciones a derechos humanos.
La ley exige y obliga al gobierno uruguayo la implementación de acciones afirmativas que contribuyan a la inclusión de las personas trans en todos los ámbitos en las que han sido históricamente excluidas: educativo, cultural, económico, laboral, salud, etcétera.
Una ley progresiva con enfoque de derechos humanos
De acuerdo con el último censo poblacional de 2016, en Uruguay se encuentran registradas 853 personas trans. Aunque estos datos son valiosos, todavía son insuficientes o poco precisos por las metodologías empleadas; por esa razón la ley otorga mayor visibilidad a la población trans al incluir la variable identidad de género en todos los sistemas oficiales de información estadística.
Otra propuesta es que el procedimiento para cambiar el nombre y el sexo en documentos oficiales deja de ser del orden judicial y pasa a ser administrativo, por lo que de ahora en adelante las personas trans pueden tramitar su cambio de identidad en la Dirección General del Registro de Estado Civil.
También se contempla una cuota del dos por ciento en apoyos estudiantiles para personas trans, y del ocho por ciento en becas de posgrado. Asimismo, el sector público tiene que asegurar que el uno por ciento de sus trabajadores pertenezca a este sector.
En el sector salud, las personas trans mayores de 18 años tienen derecho a recibir tratamiento hormonal y, si así lo desean, a someterse a intervenciones quirúrgicas parciales o totales. No se exigirá autorización alguna para acceder a estos servicios.
De todas las medidas que propone la ley, dos despertaron controversia al interior de las cámaras y los medios de comunicación: la primera es que las personas trans menores de 18 años tienen el derecho a cambiar su identidad y recibir tratamiento hormonal sin consentimiento de sus tutores legales.
La otra propuesta es que aquellas personas trans nacidas antes de 1975 recibirán una compensación económica como reparación del daño que les causó la persecución política durante la dictadura militar.
Desde RedLAC celebramos el avance en los marcos normativos a favor de las personas trans y exhortamos a la sociedad civil vigilar y dar seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades de esta histórica ley. Todas y todos haremos frente al movimiento conservador que pretende fiscalizar los cuerpos, la autonomía y la libertad de las mujeres y las personas LGBTIQ+.
Foto: El Observador
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