En El Salvador, Evelyn, de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión “por el homicidio agravado de su hijo recién nacido”. El órgano jurisdiccional obvió que ella tuvo un parto extra hospitalario sin saber que estaba embarazada, esto producto de una violación.
Este caso de revictimización no es excepcional, pero ha alcanzado relevancia tras ser cubierto por la BBC News, The Guardian, Univisión y eldiario.es, entre otros medios internacionales, y cuatro congresistas de Estados Unidos han urgido a la Asamblea Legislativa salvadoreña a avanzar en la despenalización del aborto. Como sea, ella permanece privada de la libertad.
El juicio penal, realizado en el Departamento de Cojutepeque, estuvo plagado de aberraciones procesales, pues no obstante que la Fiscalía no pudo demostrar, contra toda duda razonable, su responsabilidad en el delito, un juez la declaró culpable y sentenció. Su defensa solo podrá apelar esta decisión hasta que tal sentencia sea emitida por escrito.
Con esta base, defensoras de derechos humanos locales, incluidas feministas y mujeres organizadas, han reunido firmas y enviado cartas al Juzgado de Cojutepeque, buscando revertir la decisión judicial de primera instancia. En un comunicado advierten que este caso evidencia que “la vida de las mujeres jóvenes se ve amenazada no solo con la violencia que se vive a diario en las calles y comunidades, sino en la etapa reproductiva de nuestra vida”.
Igualmente alertan en cuanto a que “la penalización absoluta del aborto nos está criminalizando, nos está matando con abortos inseguros y con mortalidades maternas que se pueden prevenir”, exigiendo al Congreso salvadoreño: “La lucha por liberar a las mujeres presas por una emergencia obstétrica y abortos espontáneos puede terminar si se reforma al artículo 133 del Código Penal, haciendo excepciones por la salud y vida de las mujeres y niñas en El Salvador”.
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