América Latina y el Caribe tienen una deuda con las niñas, adolescentes y jóvenes en materia de derechos sexuales.El surgimiento de un fuerte movimiento anti derechos ha obstaculizado acciones efectivas que mejoren las oportunidades y condiciones de vida de las mujeres.
Es el caso de Guatemala, país en el que el Congreso está discutiendo el proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa de ley 5272). De ser aprobada, se endurecerán las penas que criminalizan a las mujeres que abortan y quedará prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la iniciativa de ley 5272 hace valer normas que privilegian “el derecho de los padres a decidir sobre la educación que reciben sus hijos e hijas”, por lo que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, no podrán impartir programas y planes de estudio que incluyan educación integral para la sexualidad.
La propuesta fue presentada en abril del año pasado por un grupo parlamentario cuyos miembros se identifican a sí mismos como “Provida”. Por desgracia, ésta no es una situación atípica: en la última década se ha ido fortaleciendo una posición ultraconservadora al interior de los Parlamentos de la región, la cual viene impulsando con cierto grado de efectividad una agenda anti derechos en los Congresos de los Estados.
Lamentablemente este no es un caso aislado en la región, como muestra compartimos un para de casos en América Latina para entender por qué estas políticas impiden el avance en el reconocimiento de derechos sexuales para las mujeres.
Paraguay
En octubre de 2017, el exministro paraguayo de Educación y Ciencia Enrique Riera aprobó la conocida Resolución Riera, la cual considera como “promoción de la ideología de género” el uso en las escuelas de contenidos y materiales didácticos sobre salud sexual y reproductiva.
Esta resolución fue promovida por grupos conservadores y religiosos después de que tomaran las calles de Paraguay con un discurso en contra de la igualdad de género y la no discriminación. Sin embargo, a un año de emitirse la resolución, activistas, estudiantes y organizaciones sociales continúan exigiendo al Estado su derogación, así como la implementación de una política pública nacional en Educación Integral para la Sexualidad.
Honduras
La venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) está prohibida desde 2009 en Honduras, lo que ha contribuido a que que dicho país sea el segundo en América Latina con mayor nivel de fecundidad en adolescentes.
En 2014, el diputado José Antonio Leva propuso una iniciativa para derogar el decreto que impide la venta e introducción de la PAE al interior del país, pero fue mandada a la congeladora. Hasta el día de hoy el medicamento solo puede conseguirse por vías clandestinas.
Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó que es responsabilidad del Estado hondureño procurar que las mujeres y niñas tomen decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo.
Ecuador
Actualmente, Ecuador se enfrenta ante una vulneración de derechos creada por el decreto 491, frente a lo cual se desarrolla toda una desestructuración de la institucionalidad de protección de los derechos humanos, y la falta de respuestas efectivas, así como de un plan concreto de transición y operativización o institucionalización de la protección de derechos en el país.
La emergencia social en la que está inmersa el Ecuador al no contar con un mecanismo de protección de derechos, constituye una vulneración de los derechos humanos y constitucionales, a pesar de los múltiples intentos realizados por parte de la sociedad civil, para participar en la generación y diseño de propuestas para lograr a un mecanismo efectivo de protección de derechos humanos.
Es importante que se conozca que el decreto 491, pone en potencial riesgo el derecho a la vida y la integridad de mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas de violencia de género, adolescentes en conflicto con la ley, pueblos indígenas en aislamiento, víctimas de delitos de lesa humanidad, personas desaparecidas, población LGTBI, personas privadas de la libertad, entre otros.
Como jóvenes defensoras de derechos humanos, debemos estar vigilantes y críticos ante este tipo de posturas, así como continuar incidiendo en los espacios de toma de decisión, con el objetivo de contribuir a garantizar mejores condiciones para el el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las #JuventudesLAC.
Consulta también:
