En marzo del presente año, el Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas al Código Penal, lo que evidencia un retroceso en los derechos humanos tanto de las mujeres como de la población en situación de pobreza. Por otro lado, representa una batalla perdida ante la corrupción e impunidad en el país.
Entre las señales de alarma, se encuentran las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, al derecho a la protesta y defensa de los derechos humanos. Esto, debido a la tipificación de la “responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión”, así como por la prevalencia de la tipificación de “injuria”, “calumnia” y “concepto de publicidad”. Asimismo, se tipifica el delito de “espionaje”, “desorden público” y “reuniones y manifestaciones ilícitas”,, lo que podría criminalizar conductas de manifestación pacífica y asociación.
De igual manera, la introducción de los términos “asociación terrorista” y “perturbación de orden”, es problemática, pues la noción del terrorismo tiene un alcance demasiado amplio, lo que podría dar pauta a criminalizar conductas que no merecen esta calificación de acuerdo a los estándares internacionales de los derechos humanos.
Este Código refuerza la desproporcionalidad de las penas y la perpetuación de la criminalización de la pobreza. Por ejemplo, el robo común sería sancionado con cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la malversación de caudales públicos, se sancionaría con un máximo de seis años en privación de libertad. Además, se contempla la reducción de la pena “siempre y cuando el sujeto imputado devuelva el bien o repare el daño causado”. Lo anterior, es una muestra del blindaje jurídico que se le está concediendo a personas que cometan actos de corrupción, impunidad y falta de transparencia.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el Código Penal mantiene la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia. Esto contraviene directamente las obligaciones del Estado hondureño de respetar y garantizar los derechos de las mujeres a la vida e integridad, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Ligado a esto tenemos la disminución de las penas hacia los delitos de pornografia infantil, violación y hostigamiento sexual, mientra que el hostigamiento sexual a niñas o niños y el hostigamiento usando medios electrónicos o tecnología ya no se encuentra tipificado.
Si bien, las normas jurídicas no cambian conductas por sí mismas, la estrategia punitivista (ya sea por tipificación o por disminuir o aumentar los años de privación de libertad) sí envía un mensaje claro y enmarca las prioridades del gobierno hondureño, contrarias a los intereses y necesidades de la población.
Desde la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RedLAC), rechazamos enérgicamente la entrada en vigor del Código Penal a partir del 25 de junio y, con ello, todas las reformas que implican un retroceso en materia de derechos humanos y justicia para el pueblo hondureño.
