Cuando nos sentamos a analizar el problema de la vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes, surge de inmediato la pregunta por el derecho a migrar. Y, dentro del marco de los fenómenos migratorios cada vez más grandes, cabe preguntarnos si existe un derecho fundamental a salir del país de origen para entrar a otro…
Partamos de un hecho incuestionable: las fronteras tal cual las conocemos actualmente tienen un componente discriminatorio. Sirven para determinar quién entra en una comunidad política y quién no. Separan, segregan y discriminan. Y detrás de ellas está la consideración que le damos a las personas migrantes… las que tienen una situación migratoria regular o irregular; de primera o de segunda. Como si las fronteras tuvieran como fin último la tarea de mantener condenadas al subdesarrollo y a la violencia a millones de personas.
La noción de frontera, que parece estar instalada como un presupuesto inamovible, trae consigo la creencia de que las personas que entran de forma irregular a un país que no es el suyo, dejan de ser sujetas de derecho y se convierten en víctimas de una serie de violaciones sistematizadas a sus derechos humanos. Y la respuesta de los Estados ha sido un fortalecimiento de sus controles fronterizos y un recrudecimiento de sus leyes migratorias con base en claras manifestaciones de xenofobia y racismo.
Empecemos por cuestionarnos esto para poder ver más claro que las personas tienen derecho a migrar y que es muy importante que empecemos a ver a las personas migrantes como sujetas de derecho, incluso a quienes tienen un estatus migratorio irregular. Tenemos que generar mecanismos que garanticen los derechos humanos independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren las personas. Tan fácil como saber que las personas que migran de forma irregular no pierden sus derechos: no pueden ser asesinadas, violadas, discriminadas ni rechazadas, aunque, en los hechos, parezca que sí.
Pero también tenemos que empezar a ver el problema de la migración con una perspectiva de género. Las mujeres migrantes no enfrentan los mismos peligros que los hombres hacia su lugar destino; así como tampoco comparten las mismas razones para salir de su país de origen. Incluso, los derechos que le son negados durante su paso por los países de tránsito también son distintos y, por lo general, son más. Porque aunque los hombres también son discriminados en el acceso y disfrute de muchos derechos, ellos cuentan con mayores oportunidades que las mujeres.
En el mundo, las mujeres constituyen casi la mitad de personas migrantes. En la región de América Latina y el Caribe representan más de la mitad. Y sus razones para migrar son distintas a las de los hombres. Según el Informe Especial sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis, los hombres migran como resultado de la situación económica, para buscar trabajo; pero más de la mitad de las mujeres lo hacen huyendo de la violencia.
Si este dato no impacta todavía, tendríamos que detenernos a pensar por qué las mujeres de la región están migrando como resultado de violencia machista que termina expresándose en violencia estructural, política y doméstica. Estos tres factores que condicionan la migración de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe podemos traducirlos en:
- Feminización de la pobreza: resultado de la falta de oportunidades a nivel educativo, las mujeres se van a trabajar como empleadas domésticas, trabajadoras agrícolas o como profesionales.
- Situaciones de conflictos armados: La inseguridad, persecución, tortura y violencia sexual en zonas de conflicto armado. Y, claro, como resultado de la generalización de la violencia sexual como arma de guerra.
- Violencia doméstica: que muchas veces está determinada por el hecho de que para romper el ciclo de violencia muchas veces las mujeres deben ir más allá de terminar una relación con su agresor.
La violencia machista es la principal razón por la que las mujeres deciden migrar. Si no empezamos a analizar la situación desde ahí, seguiremos perpetuando las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, en general, y de las mujeres migrantes, en particular.
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]]>Somos historia y futuro. Desde la Declaración de San Bernardo en 1990, cuando se estableció este día de lucha feminista, el compromiso es creciente e incesante. Cada 28 de septiembre el movimiento de mujeres y feminista de toda la región confluyen en acciones coordinadas con nuestras heterogéneas identidades y culturas, con las diversidades enmarcadas en la pluralidad en nuestra lucha antipatriarcal y anticolonialista.
Estamos hermanadas y vamos a transformarlo todo. La Campaña 28 de Septiembre se propone exigir las condiciones para el aborto seguro, con calidad de atención y los cambios jurídicos que otorguen plenos derechos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Este reclamo se vuelve más poderoso, un grito recorre el mundo denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el aborto seguro, permiten la tortura física y emocional debido al abuso y maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva, la privación servicios adecuados, la preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos, que se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria, basada en el género, estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio, que causa daños y sufrimiento a mujeres y personas con capacidad de gestar. En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual, existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y el Distrito Federal de México. En Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, contamos con la legalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está plenamente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
En este último país a Rosaura, teniendo leucemia le negaron el tratamiento contra esa enfermedad que podía haberle salvado la vida para no provocarle un aborto. Igual privación recibió Ana María en Argentina quién dejó a tres hijos huérfanos tras morir por un cáncer de mandíbula, que médicos de un hospital público dejaron avanzar por causas” religiosas y morales”.
Mainumby en Paraguay fue violada y quedo embarazada con apenas 10 años. Le impidieron abortar a pesar de que su vida y salud física y mental estaban en peligro.
En el Salvador país en el que 147 mujeres fueron procesadas por casos relacionados a abortos como Teodora quien sufrió una emergencia obstétrica y fue acusada de habérsela causado y condenada a 30 años de cárcel sin pruebas. Esta violencia institucional se replica en casos como el de Tania en Chile y Esperanza en Perú, quienes fueron esterilizadas contra su voluntad estando embarazadas y teniendo secuelas graves en su salud física.
La lucha por la despenalización y legalización del aborto vela y construye dignidad, emancipación y el reconocimiento ineludible de cada una de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestra maternidad y proyectos venideros. Son los Estados los que deben generar las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos.
Nuestra demanda por aborto legal es un posicionamiento político transformador. Somos la palabra vital que construye e inunda cada uno de nuestros territorios, que irrumpe, que sueña, que abraza, que palpita un porvenir con alegría, activismo y militancia activa. Argentina asumió la responsabilidad de ser la coordinación regional de la Campaña tras una gran movilización por “Un grito global” en 2017, cuando los pañuelos verdes se instalaron en cada casa, escuela, en cada plaza, en cada organización, en los partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, instituciones profesionales, universidades, en cada manifestación por los derechos humanos.
Nuestra lucha marca una bisagra en la historia regional, alimentado por la progresiva disrupción latinoamericana y caribeña que asume una identidad propia, en la que ganamos organización, en la que nos hacemos ver y nos hacemos oír, en la que irrumpen más feminismos en las calles y en los medios de comunicación, en las redes, en espacios de debate público. Ganamos la movilización internacional que sostenemos inquebrantablemente.
El dominio y la sujeción no son compatibles con el futuro esperanzado de cada latinoamericana, ni con las democracias de nuestros pueblos. Hoy los fanatismos religiosos se sienten empoderados.
Éstos se instalan como una fuerza reactiva a nuestra valentía, pero no tienen futuro. El pasado no tiene lugar en esta gran marea verde que se despliega en todo el continente y en el mundo entero, el futuro son nuestras jóvenes, son las hijas y nietas de las brujas que no pudieron quemar. La juventud ha tomado la causa por el aborto legal, seguro y gratuito y no tiene vuelta atrás. Venceremos.
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y El Caribe
]]>– El alarmante avance de casos de corrupción, criminalización de la protesta y militarización en los gobiernos de la región, situación que exacerba la precarización y debilidad de la institucionalidad democrática afectando el principal pilar en todo Estado: la garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna.
– La debilidad democrática que se expresa en amenaza, desprotección y desigualdad para defensores y defensoras de derechos humanos, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres con VIH, trabajadoras sexuales y personas LGBTI, frente al despliegue de una avanzada fundamentalista anti derechos y racista en la mayoría de los países de la región.
– Esta ofensiva fundamentalista en contra de la igualdad de género, pese a que su incorporación es una obligación fundamental de los Estados fundada en el principio de igualdad y el mandato de no discriminación; opera en detrimento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, las personas LTGBI, en el acceso a la educación sexual integral, a los servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, al derecho a vivir libres de violencia sin impunidad frente a la violencia sexual, garantizando el acceso a la justicia, sin riesgo para la salud y las vidas de las mujeres.
– La cada vez más creciente criminalización de la protesta y la persecución de las y los defensores de DDHH y de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo a las parteras tradicionales. Los sistemáticos asesinatos a defensafor@s de los DDHH como el reciente asesinato de Marielle Franco en Brasil, defensora, feminista, negra y lesbiana, es una clara muestra de ello.
En tal sentido, consideramos que,
- En el marco de un régimen democrático, el respeto y garantía de los derechos humanos sin discriminación alguna es fundamental. Corresponde entonces a los Estados comprometerse a terminar con cualquier forma de discriminación y se contribuya a acabar con todas las formas de desigualdad y violencia que viven niñas, mujeres, jóvenes y personas LTGBI.
- Cumplir los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin admitir retrocesos ni injerencia de postulados religiosos. En ese sentido avanzar hacia la garantía y ejercicio de Estados laicos es un compromiso ineludible.
- Asegurar los procesos de denuncia, investigación y sanción a los actos de corrupción, garantizando la vigilancia y participación activa de la sociedad civil, estableciendo marcos legales que protejan a l@s denunciantes, testig@s e investigad@s. Dar una lucha real y efectiva contra la corrupción y a favor de la gobernabilidad democrática implica que casos como los de Marielle no se repitan nunca más.
Lima, 12 de abril de 2018.
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]]>https://www.facebook.com/372558382790564/videos/1629968557049534/
Foto: tomada del Facebook de Alianza LAC
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]]>Tal informe busca evidenciar las condiciones de violencia en que viven las niñas y las adolescentes en el país y sus diversas manifestaciones, la falta de una respuesta eficiente por parte del Estado ante problemas estructurales que han ocasionado tragedias como la sucedida el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, haciendo énfasis particularmente en el vínculo existente entre la violencia y embarazos y maternidades forzadas, y la falta de acceso a educación integral en sexualidad (EIS).
Se insiste particularmente en las diversas problemáticas relacionadas con el ejercicio pleno de sus derechos humanos, como la falta de acceso a servicios de salud sexual integral y diferenciada; a una educación integral en sexualidad (EIS), laica, científica y basada en derechos humanos; y a la falta de oportunidades de desarrollo integral al asumir embarazos y maternidades forzadas, entre otras; afectando su ciclo de vida en general.
Tan solo de enero a julio de 2017 se registraron 35 mil 823 nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, precisa el Informe, y se estima que una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas o lo están actualmente y el 6% de niñas menores de 14 años están embarazadas o lo han estado.
En ese contexto, Guatemala cuenta con un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado a implementar una educación integral en sexualidad (EIS), la cual es de vital importancia para garantizar a niñas y adolescentes un desarrollo integral y una vida plena. Sin embargo, no se garantiza este derecho y las leyes no se han implementado de manera adecuada.
En general, el Estado no cuenta con una respuesta integral ni con la voluntad política para enfrentar las problemáticas que afectan a las niñas y adolescentes del país, como la falta de un sistema de protección eficiente que garantice sus derechos y su vida. Esto se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones.
Descarga el Informe Alternativo en español AQUÍ
Descarga el Informe Alternativo en inglés AQUÍ
Foto: noticieros.televisa.com
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]]>La primera Conferencia se realizó en La Habana en 1977 y los gobiernos acordaron el primer Plan de Acción Regional. A lo largo de estas cuatro décadas, la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se ha convertido en el principal espacio de negociación de una Agenda Regional de Género.
La Estrategia de Montevideo es el más reciente resultado de este espacio y constituye una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible de cara a la Agenda 2030. Además, en esta reunión la Mesa Directiva representó un espacio para discutir la importancia de vincular los resultados de la Conferencia, con otras agendas como la de Población vía la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, así como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas, que representa un gran avance en el reconocimiento del aporte de las organizaciones de mujeres y feministas de la región en el avance en la agenda de género a nivel regional, y al mismo tiempo la necesidad que desde los gobiernos se pueda aportar en la sostenibilidad de las organizaciones.
Desde RedLAC tuvimos la oportunidad de acompañar los trabajos de la Mesa y posicionar la importancia que desde la Conferencia Regional sobre la Mujer se logre trabajar en el vínculo que existe entre derechos sexuales, género y edad.
Foto: vocesfeministas.com
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]]>Sobre la base de estos inspiradores relatos de resistencia, nuestra nueva guía práctica«Tejiendo la Resistencia a través de la Acción: Las Estrategias de las Defensoras de Derechos Humanos contra las Industrias Extractivas» presenta las estrategias concretas que las defensoras han implementado para confrontar al poder corporativo y preservar del extractivismo a su gente, sus formas de subsistencia y sus territorios.
*Publicado en awid.org [agosto 22, 2017]
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]]>Antes de esta histórica ley Chile era uno de los nueve países en el mundo que criminalizaba llanamente la interrupción del embarazo.
Camila Vallejo en Congreso:
https://www.facebook.com/JovenesRedLac/videos/1783218931693323/
A pesar de esta noticia alentadora, no olvidemos que América Latina sigue siendo la región donde más países prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, destacando Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana.
#Recomendamos la lectura del texto de @SputnikMundo sobre la lucha para garantizar el acceso al #aborto en #AL https://t.co/hcnrlVkdsq pic.twitter.com/0mD8QQb4pk
— Jóvenes Redlac (@jovenesredlac) 21 de agosto de 2017
Para saber más, te recomendamos el reportaje “América Latina, donde abortar sigue siendo un drama”, en El País.
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]]>Ellas se encontraban bajo el resguardo y la protección del Estado. Este crimen no tiene precedente. A penas se encuentran tres funcionarios públicos en prisión, quienes tuvieron la responsabilidad inmediata del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Una noche antes, ellas habían querido escapar de este lugar donde según sus propios testimonios, sufrían violaciones sexuales.
#NosDuelen56 es un grito por la justicia desde el arte, el periodismo, el medioactivismo y los feminismos. Es un ejercicio de memoria colectiva y de dignificación de las 56 niñas de Guatemala. Es una contribución contra la impunidad y el olvido.
Prensa Comunitaria convocó a 57 artistas de México, Argentina, Francia, Italia, España y Guatemala para ilustrar los 41 rostros de las niñas, como un homenaje a ellas y sus familias.
Puedes ver todas las ilustraciones aquí: bit.ly/Nos-Duelen-56
Foto principal: Celia María López Aranda
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]]>Una de sus observaciones más severas es que el Estado mexicano debe con urgencia “aplicar plenamente las resoluciones, recomendaciones y las medidas preventivas o urgentes de carácter internacional relativas a los y las defensoras de los derechos humanos, emitidas por los órganos de tratados de la ONU y los procedimientos especiales (en particular el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité sobre Desapariciones Forzadas) y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Asimismo, dedica segmentos específicos a la doble vulnerabilidad de las mujeres defensoras: “entre 2010 y 2016, 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México. La mayoría de las mujeres defensoras enfrentan riesgos no solo por su trabajo, sino también por su género”.
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