Cuando nos sentamos a analizar el problema de la vulneración a los derechos humanos de las personas migrantes, surge de inmediato la pregunta por el derecho a migrar. Y, dentro del marco de los fenómenos migratorios cada vez más grandes, cabe preguntarnos si existe un derecho fundamental a salir del país de origen para entrar a otro…

Partamos de un hecho incuestionable: las fronteras tal cual las conocemos actualmente tienen un componente discriminatorio. Sirven para determinar quién entra en una comunidad política y quién no. Separan, segregan y discriminan. Y detrás de ellas está la consideración que le damos a las personas migrantes… las que tienen una situación migratoria regular o irregular; de primera o de segunda. Como si las fronteras tuvieran como fin último la tarea de mantener condenadas al subdesarrollo y a la violencia a millones de personas.

La noción de frontera, que parece estar instalada como un presupuesto inamovible, trae consigo la creencia de que las personas que entran de forma irregular a un país que no es el suyo, dejan de ser sujetas de derecho y se convierten en víctimas de una serie de violaciones sistematizadas a sus derechos humanos. Y la respuesta de los Estados ha sido un fortalecimiento de sus controles fronterizos y un recrudecimiento de sus leyes migratorias con base en claras manifestaciones de xenofobia y racismo.

Empecemos por cuestionarnos esto para poder ver más claro que las personas tienen derecho a migrar y que es muy importante que empecemos a ver a las personas migrantes como sujetas de derecho, incluso a quienes tienen un estatus migratorio irregular. Tenemos que generar mecanismos que garanticen los derechos humanos independientemente de la condición migratoria en la que se encuentren las personas. Tan fácil como saber que las personas que migran de forma irregular no pierden sus derechos: no pueden ser asesinadas, violadas, discriminadas ni rechazadas, aunque, en los hechos, parezca que sí.

Pero también tenemos que empezar a ver el problema de la migración con una perspectiva de género. Las mujeres migrantes no enfrentan los mismos peligros que los hombres hacia su lugar destino; así como tampoco comparten las mismas razones para salir de su país de origen. Incluso, los derechos que le son negados durante su paso por los países de tránsito también son distintos y, por lo general, son más. Porque aunque los hombres también son discriminados en el acceso y disfrute de muchos derechos, ellos cuentan con mayores oportunidades que las mujeres.

En el mundo, las mujeres constituyen casi la mitad de personas migrantes. En la región de América Latina y el Caribe representan más de la mitad. Y sus razones para migrar son distintas a las de los hombres. Según el Informe Especial sobre los desafíos de la migración y los albergues como oasis, los hombres migran como resultado de la situación económica, para buscar trabajo; pero más de la mitad de las mujeres lo hacen huyendo de la violencia.

Si este dato no impacta todavía, tendríamos que detenernos a pensar por qué las mujeres de la región están migrando como resultado de violencia machista que termina expresándose en violencia estructural, política y doméstica. Estos tres factores que condicionan la migración de las mujeres en la región de América Latina y el Caribe podemos traducirlos en:

• Feminización de la pobreza: resultado de la falta de oportunidades a nivel educativo, las mujeres se van a trabajar como empleadas domésticas, trabajadoras agrícolas o como profesionales.
• Situaciones de conflictos armados: La inseguridad, persecución, tortura y violencia sexual en zonas de conflicto armado. Y, claro, como resultado de la generalización de la  violencia sexual como arma de guerra.
• Violencia doméstica: que muchas veces está determinada por el hecho de que para romper el ciclo de violencia muchas veces las mujeres deben ir más allá de terminar una relación con su agresor.

La violencia machista es la principal razón por la que las mujeres deciden migrar. Si no empezamos  a analizar la situación desde ahí, seguiremos perpetuando las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, en general, y de las mujeres migrantes, en particular.

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La fecha fue propuesta en 1981 durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (#EFLAC) en Bogotá, Colombia, en honor de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal; quienes fueron brutalmente asesinadas por la policía secreta dominicana en 1960 bajo las órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hasta la fecha, las hermanas Mirabal continúan siendo un símbolo de la lucha de las mujeres contra la violencia machista estructural.

Basta con revisar las cifras en torno a esta problemática para darnos cuenta de la pertinencia de esta fecha, así como la importancia del trabajo de las asociaciones y colectivas feministas: en el caso de América Latina, la ONU determinó que entre el 30% y el 40% de las mujeres del continente ha sido víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar; en Nicaragua el 32% de las mujeres entre 16 y 49 años confesó haber atravesado algún episodio de violencia en algún punto de su vida; en México, 2 mil 813 feminicidios ocurrieron en 2016 y se han registrado 784 asesinatos de mujeres en lo que va del año; en Chile, el 60% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia de parte de su pareja; en Colombia, más del 20% y en Argentina, el 37%.

Foto: Rotmi Enciso e Ina Riaskov [Producciones y Milagros Agrupación Feminista]

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